En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que la aprobación de estos anteproyectos el Gobierno “empieza a cumplir” con los compromisos adquiridos con la Comisión Europea en el Plan Presupuestario que el remitió el pasado lunes. Además, destacó la necesidad de “tener un sistema fiscal justo y actualizado” y que “no se puede aspirar a un Estado de Bienestar de primera con ingresos de tercera”, recordando que España se encuentra ocho puntos por debajo de la media europea en presión fiscal.

Los dos anteproyectos relativos a los impuestos desarrollarán los dos tributos de nuevo cuño que el Gobierno quiere instaurar en 2019 y que figuran en su acuerdo presupuestario con Unidos Podemos.

Se trata del impuesto a las transacciones financieras y el de las grandes empresas digitales, dos tributos sobre los que los países miembro de la UE llevan tiempo negociando y que, a falta de alcanzar un acuerdo definitivo a nivel comunitario, ya han sido puestos en marcha en algunos países por su cuenta. De hecho, el anterior Gobierno del Partido Popular, con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, ya tenía en su agenda crear estas dos nuevas figuras impositivas.

TRANSACCIONES FINANCIERAS

En el caso del impuesto a las transacciones financieras, que según indicó Montero ya está vigente en Francia e Italia y cuya liquidación se hará mensualmente, se gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero.

El Plan Presupuestario remitido el pasado lunes por el Gobierno a la Comisión Europea prevé una recaudación de 850 millones de euros con este impuesto que, según recordó la ministra, irá destinada íntegramente a financiar a la Seguridad Social.

En concreto, se someterán a tributación al 0,2% las acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros, mientras que no se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas. En palabras de la titular de Hacienda, el impuesto no se aplicará a la salida a bolsa de las empresas, sino que recaerá en los intermediarios financieros que operan en el mercado secundario. También quedan fuera de este impuesto la deuda, tanto la pública como la privada, y los productos derivados.

GRANDES DIGITALES

Por otro lado, el nuevo impuesto a las grandes empresas tecnológicas, conocido como ‘tasa Google’, gravará con un tipo del 3% a las empresas con ingresos anuales de 750 millones de euros a nivel mundial y que tengan ingresos superiores a 3 millones de euros en España.

Los servicios a los que se aplicará este impuesto serán los de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario. En cuanto a este tributo, la estimación de recaudación detallada en el Plan Presupuestario prevé unos ingresos de 1.200 millones de euros.

Sobre este impuesto Montero destacó que España será el primer país en ponerlo en marcha, y subrayó que las pymes estarán excluidas del mismo.

LUCHA CONTRA EL FRAUDE

Además, el Consejo de Ministros también aprobó la transposición de la Directiva Antielusión ATA, que contempla el establecimiento de una norma general anti-abuso, un nuevo régimen de transparencia fiscal internacional, el tratamiento de las denominadas asimetrías híbridas, la limitación de la deducibilidad de intereses y la regulación de la llamada imposición de salida.

En materia de lucha contra el fraude, el Gobierno también aprobó este viernes un proyecto de ley con distintas medidas como la prohibición de amnistías fiscales; reforzar la lista de morosos de la Agencia Tributaria, incluyendo en la lista a los responsables solidarios y reduciendo el importe de deuda para ser incluido en ella a 600.000 euros; la limitación a 1.000 euros en el uso de efectivo en los pagos que empresarios y profesionales realicen en el seno de su actividad, sin afectar a los pagos entre particulares; obligar a declarar la tenencia de criptomonedas; o la contratación de nuevos efectivos para la Agencia Tributaria, entre otras.