Este acuerdo se produce después de que el Consejo de Ministros iniciara el pasado viernes los trámites para conceder ayudas a los afectados tras conocer un informe preliminar del Ministerio del Interior sobre las intensas lluvias del pasado 9 de octubre, que provocaron el desbordamiento del torrente de Ses de Cardassar y graves daños en varios municipios, principalmente en Sant Llorenç des Cardassar.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, señaló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Consejo de Ministros decidió declarar “con absoluta celeridad” zona de emergencia los municipios mallorquines de Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar y Son Cervera.

Celaá, que mostró el “firme pesar” del Gobierno por la muerte de 13 personas, indicó que el Ejecutivo se ha puesto a trabajar “con celeridad y con mucha responsabilidad” para ayudar a las personas afectadas por la “horrible tragedia.

Celaá subrayó que ya se han retirado 4.200 toneladas de residuos y que quedan por remover otras 700 toneladas, lo que “da una idea del tamaño de la tragedia”, así como que unas 300 casas han sufrido graves daños y unos 190 kilómetros de carreteras públicas y varios puentes necesitan ser reparados.

“Esperamos llegar en estas actuaciones a una colaboración rápida y leal con la comunidad autónoma de Baleares para poder atender los casos lo antes posible y con la mayor eficacia posible”, concluyó.

AYUDAS PERSONALES Y MATERIALES

El Gobierno aún carece de una valoración completa y detallada de los años, aunque indicó en la referencia del acuerdo adoptado hoy que debido al desastre natural murieron 13 personas, otras decenas resultaron heridas y 117 fueron realojadas. Igualmente, se han producido cuantiosos daños en carreteras, vehículos, infraestructuras, viviendas, establecimientos comerciales y en algunas explotaciones agrícolas y ganaderas de los términos municipales afectados.

La magnitud de la emergencia, las medidas necesarias para subvertir la grave perturbación de las condiciones de vida de la población, el pleno restablecimiento de los servicios públicos esenciales y la recuperación de la normalidad en las zonas afectadas justifican la intervención de la Administración General del Estado.

La declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil supone la concesión de ayudas destinadas a paliar daños personales, así como daños materiales en vivienda y enseres y en establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, marítimo-pesqueros, turísticos y de otros servicios. También se articularán ayudas a las personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes, además de que se establecerá un régimen de ayudas para las corporaciones locales.

Celaá comentó que entre las ayudas personales está no pagar el IRPF y entre las materiales, hasta un 50% de subvención para reparar daños en infraestructuras.

El acuerdo se adoptó a propuesta de los ministerios del Interior; de Hacienda; de Fomento; de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; de Industria, Comercio y Turismo; de Agricultura, Pesca y Alimentación; de Política Territorial y Función Pública; para la Transición Ecológica, y de Economía y Empresa.