La iniciativa fue presentada por la responsable de Cultura de la formación, Marta Rivera, y por el presidente del partido, Albert Rivera, en un acto celebrado en el Museo Lázaro Galdiano, en Madrid.

Albert Rivera reivindicó la cultura como patrimonio, industria y aportación de valores a la sociedad, no como arma de enfrentamiento. La ley, aseguró, es ambiciosa, moderna, equiparable a las mejores de otros países con tradición de mecenazgo, y con voluntad de abrir un debate sobre cómo los ciudadanos se relacionan con la cultura, con el deporte, la innovación o la ciencia.

Su propuesta es que el sector privado se implique en el interés público y que no se "machaque", por ejemplo, a un empresario que dona parte de sus beneficios a la lucha contra el cáncer.

Según explicó Marta Rivera, en el ámbito fiscal la ley pretende equiparar las facilidades fiscales de las personas físicas y las jurídicas, de forma que se pueda desgravar hasta el 50% del valor de la aportación en sucesivos ejercicios fiscales y no solo en uno, y que haya un registro de mecenas donde se puedan inscribir los proyectos y los donantes sepan a qué pueden contribuir y cuáles son las ventajas.

Abre también la puerta a establecer determinadas condiciones negociadas en la donación, como por ejemplo que una condición artística permanezca unida, que una obra se exponga, o que una sala de una instalación lleve el nombre del donante. De esa forma, dijo, se publicita la generosidad y se anima a ejercerla.

La propuesta busca también que la personas que entregan tiempo y también dinero a una labor altruista tengan alguna compensación. Puso el ejemplo de un jubilado que explica las obras de un museo, una profesora que hace actividades de teatro con sus alumnos o un entrenador que compra parte del material, y que podrían acceder a la desgravación de parte de los gastos que esa actividad les genere.

El texto de la ley percisa que el objetivo es "promover y fomentar la participación de la iniciativa privada en las actividades de interés general, muy en particular en la cultura, la investigación científica y el deporte no profesional, estableciendo claramente una serie de medidas de reconocimiento y beneficios fiscales que estimulen el mecenazgo y lo doten de un marco jurídico unitario que proporcione seguridad jurídica a los agentes involucrados", sin que ello implique ni sea excusa para reducir el compromiso del Estado con esos ámbitos.

Adopta "un concepto amplio de mecenazgo, identificándolo con cualquier forma de colaboración en la realización de actividades de interés general" más allá de la donación dineraria. Se establecen, por ejemplo, las dotaciones universitarias, que se corresponden a la figura anglosajona del 'endowment' y que debe servir para fortalecer la autonomía universitaria, fomentar de la investigación y facilitar la realización efectiva de la igualdad de oportunidades de los estudiantes.

En cuanto a las aportaciones fiscales, se aportan criterios de valoración "ciertos y seguros" y se incluye como mecenazgo el "participativo", los microcréditos no lucrativos, y el voluntariado, relevantes no solo por sus efectos directos sino "como modos de creación de nuevas redes de solidaridad y compromiso entre los ciudadanos".

El Consejo del Mecenazgo sería el "órgano consultivo y de orientación de la política en materia de mecenazgo, al que se le encomiendan importantes funciones relativas a la orientación estratégica en la materia, la ejecución de programas de mecenazgo, la consideración como mecenazgo de colaboraciones no previstas expresamente en la Ley y determinación de las condiciones y criterios razonables a que hayan de ajustarse las condiciones o modos impuestos a las donaciones". Estaría integrado de manera "equilibrada y ponderada" por representantes de las administraciones públicas, mecenas, beneficiarios de las políticas de mecenazgo y expertos en la materia".