Esta comparecencia ya estuvo programada para el pasado 31 de mayo, pero finalmente fue cancelada al coincidir con la convocatoria de la moción de censura que el PSOE presentó al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Sanz presentará a los diputados el informe de los expertos, que en su escenario central contempla ampliar a 50 años la vida útil de las centrales nucleares, 10 años más de lo establecido hasta ahora, ya que su cierre incrementaría el precio de la electricidad en un 20%.

Según este informe, que debe servir para elaborar una ponencia en la Cámara Baja, alargando la vida de las centrales nucleares en 10 años se evitaría el desequilibrio entre ingresos y gastos del Fondo de Enresa previsto para el desmantelamiento de las centrales. Asimismo, pide una revisión del Plan General de Residuos Radioactivos.

Por otro lado, el informe, que fue aprobado con 11 votos favorables y tres abstenciones, prevé la desaparición del carbón en el mix eléctrico en 2030. Además, detecta deficiencias del modelo fiscal español y apunta a la fiscalidad como una de las herramientas claves para el cumplimiento de los objetivos comprometidos por el Reino de España con la UE en materia de cambio climático.

En concreto, propone sustituir los impuestos actuales por otros que internalicen los daños medioambientales o, lo que es lo mismo, por ‘el que contamina paga’. Con este escenario, las simulaciones realizadas por la comisión apuntan a un abaratamiento significativo de la electricidad (casi el 7% para el consumidor doméstico) y a un encarecimiento del gas y de los derivados del petróleo, que en el caso del gasóleo sería del 28,6%, mientras que en la gasolina sería menos de un 2%.

Estas modificaciones de precios -explica el informe- son coherentes con la necesidad de electrificar la economía para avanzar hacia la descarbonización y son alcanzables a medio plazo de forma gradual.

En este capítulo fiscal, propone también ‘sacar’ de la tarifa eléctrica la financiación de los sobrecostes de las renovables (eléctricas y biocombustibles) y repartirla entre todas las energías finales (electricidad, gas natural y derivados del petróleo).

Por último, en cuanto al Bono Social el informe recomienda considerar la extensión de la protección a los consumidores vulnerables al conjunto de suministros energéticos de los hogares, a través de un Bono Social Energético, pero financiado desde los Presupuestos del Estado.