Lo asegura el Gobierno en una respuesta a una pregunta parlamentaria escrita del diputado del PP Jaime Eduardo de Olano. El Ejecutivo explica en la contestación que el supervisor bancario “ha puesto en marcha un nuevo sistema que amplía las medidas de mitigación preexistentes y permite una mejor defensa frente a ataques como el sufrido el 26 de agosto”.

El Gobierno afirma que “no hay evidencia alguna de que los 'hackers' hayan tenido acceso a información sensible ni filtraciones de datos confidenciales” a raíz de ese ciberataque.

Según el Ejecutivo, en todos los casos de ciberataques, el principal riesgo al que se enfrentan las entidades atacadas es “el riesgo reputacional”, además del riesgo operacional generado por la no disponibilidad de los servicios ofrecidos por las páginas atacadas.

En función de los objetivos y consecuencias del ataque puede haber otros riesgos adicionales, agrega la respuesta, como por ejemplo riesgo legal en caso de reclamaciones de clientes o riesgo de confidencialidad si se produce un acceso no autorizado a información no pública de la entidad o sus clientes.

“Todo ello generará unos costes económicos que habrá que sumar a los dedicados a la prevención, detección y respuesta frente a este tipo de ataques. La ciberseguridad es un área de preocupación creciente para las autoridades supervisoras de todo el mundo”, añade el Ejecutivo.