El ministerio público coloca a Junqueras a la cabeza de lo sucedido en Cataluña en octubre de 2017 y le considera el máximo responsable, junto al expresidente huido en Bélgica Carles Puigdemont. La actuación de ambos tuvo como principal objetivo "orillar la aplicación" de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y de la legislación vigente para alcanzar una independencia "que estuvieron a punto de lograr con los actos delictivos que ejecutaron poniendo así en grave peligro el orden judicial".

En un segundo escalón, la Fiscalía acusa igualmente de rebelión a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, al exlíder de la ANC Jordi Sánchez y al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, para los que pide 17 años de prisión, por considerarlos también "promotores y/o jefes principales" que encabezaron el `procès´.

Entiende la fiscalía que la actuación de Forcadell al frente del Palament y de los `jordis´ como dinamizadores de la sociedad civil fue "crucial" para llevar a cabo "una movilización popular como instrumento de presión para obligar al Estado a capitular frente al nacimiento de una nueva República".

Para el exconseller de Interior Joaquim Forn y otros cuatro exconsellers encarcelados, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, solicita 16 años de cárcel.

El ministerio público que dirige María José Segarra sigue así el criterio mantenido por el juez instructor de la causa, Pablo Llarena, que ha defendido la tesis de que lo que se produjo en Cataluña fue un alzamiento violento.

Los exconsellers Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila están procesados por desobediencia y malversación y para ellos solicita siete años de cárcel, mientras que los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluís Maria Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet, Lluis Guinó y Joan Josep Nuet, y la exdiputada de la CUP Mireia Boya, acusados de desobediencia, sólo se enfrentan a penas de inhabilitación.

JUNQUERAS

El ministerio público pide la mayor pena para Junqueras al entender que su papel como líder del `procès´ fue esencial durante su mandado como vicepresidente de la Generalitat. Por eso, se enfrenta a un delito de rebelión agravado con malversación de caudales públicos.

La Fiscalía tambien atribuye esos dos delitos a los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa, para los que, sin embargo, solicita 16 años de cárcel. Precisamente este viernes se cumple un año de la prisión preventiva para Junqueras y para Forn.

Los fiscales indican a lo largo de las 127 páginas del escrito que todo el proceso secesionista que se desarrolló a lo largo del otoño de 2017 y que concluyó con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) estuvo "salpicado de actos de fuerza, agresión y violencia", lo que justifica la calificación como rebelión de esos hechos.

Los fiscales argumentan que los independentistas intentaron a toda costa conseguir la independencia de Cataluña y para ello usaron todos los medios a sus alcance, llegando a emplear la violencia dentro de la que encuadran lo que consideran fuerza intimidatoria de las “acciones tumultuarias” que se produjeron durante las movilizaciones del 20 de septiembre frente a la Consellería de Economía y en la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Destacan también que en esos días la actuación de los Mossos d´Equardra se limitó a obedecer las órdenes de la Generalitat dirigidas a proteger a toda costa la celebración del referéndum que había sido prohibido por el Tribunal Constitucional.

ABOGACIA DEL ESTADO

Frente a la petición de penas por rebelión de la Fiscalía, la Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno, ha solicitado 12 años de cárcel para Oriol Junqueras, 11 años y medio para cinco exconsellers, 10 años para Carme Forcadell y ocho años para los `Jordis´, todos ellos por un delito de sedición, lo que la desmarca de la Fiscalía.

La solicitud de penas mayores para los exmiembros del ejecutivo catalán se debe a su estatus de “autoridad”, al haber “inducido, sostenido y dirigido la sedición desde su condición de miembros del Gobierno”.

En el caso de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, la Abogacía del Estado considera que habrían “inducido, sostenido y dirigido” el proceso secesionista, pero sin tener la condición de “autoridad” de los seis exmiembros del Gobierno, razón por la que la petición de pena es menor para ellos.

Ambos tenían encomendada la labor de liderar la movilización social “como medio para la consecución de los fines relativos al incumplimiento de la legalidad y la desobediencia a las resoluciones administrativas y judiciales” que exige el delito de sedición. Gracias a su acción se produjeron “actos contra decisiones judiciales legítimas y contra la actuación de autoridades o funcionarios públicos que pretendían dar cumplimiento a esas resoluciones judiciales”.

TRAPERO

Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional acusa del delito de rebelión al que fuera mayor de los Mossos d´Esquadra, Josep Lluís Trapero, y a los jefes políticos del cuerpo policial Pere Soler y César Puig, para los que pide 11 años de cárcel.

Asume así el criterio de la Fiscalía del Tribunal Supremo que atribuye rebelión a los máximos responsables del Gobierno catalán en el momento del referéndum ilegal y a los líderes de las organizaciones civiles independentistas.

Para la intendente Teresa Laplana, el ministerio público pide cuatro años de prisión por un delito de sedición. El ministerio público considera que todos ellos dieron "cobertura efectiva" al Gobierno catalán y a los líderes independentistas "para imponer por la fuerza de las masas derechos de los que carecían” y “apoyar” la implantación de normas “abiertamente inconstitucionales emanadas del Parlament y del Govern de la Generalitat".

A diferencia de lo que ocurre en el Supremo, en la causa contra la cúpula de los Mossos en la Audiencia Nacional la Fiscalía es la única acusación. En su escrito considera que los cuatro procesados eran perfectamente conscientes de que su actuación iba en contra de los mandatos judiciales y de las decisiones del Tribunal Constitucional y no hicieron nada por impedir el referéndum del 1 de octubre o sus preparativos.