El escándalo del ‘dieselgate’, fraude de algunos fabricantes que habían instalado ilegalmente un software para alterar los resultados de los controles técnicos de emisiones contaminantes en millones de automóviles con motor diésel, “dificulta el éxito de las políticas públicas que se están llevando a cabo y pone en riesgo la salud de los ciudadanos”, señalan ambas corporaciones.

Frente a esta situación, las ciudades que se agrupan en Eurocities junto a la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente y la European Public Health Alliance (EPHA) se reunieron hoy en Bruselas para acordar un manifiesto conjunto.

Madrid y Barcelona, que ya están desarrollando medidas específicas para luchar contra la contaminación que han sido recogidas respectivamente en el Plan A de Calidad del Aire y Cambio Climático de Madrid y en el Programa de Medidas contra la Contaminación Atmosférica de Barcelona, se han adherido al manifiesto.

En él, las ciudades exigen que los fabricantes se hagan responsables de los vehículos con los que engañaron a la población y los reparen y piden que la Unión Europea tome cartas en el asunto ya que hasta el momento esta medida sólo se ha llevado a cabo en algunos países de manera obligatoria, entre los cuales no se encuentra España.

Asimismo, demandan que se cree un fondo europeo para la lucha contra la contaminación de las ciudades afectadas, en el que una parte significativa de los fondos provengan de la industria.

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, señaló que la mejora de la calidad del aire es una prioridad para proteger a la población de las ciudades “especialmente a los colectivos más vulnerables como la infancia, las personas mayores o con enfermedades crónicas y las mujeres embarazadas”.

Además, recordó que sólo con la colaboración de los sectores público y privado y el trabajo conjunto de todas las administraciones “se podrá llevar a cabo la transformación que las ciudades necesitan para garantizar la salud, el bienestar y el progreso de sus ciudadanos”.

Por su parte, la teniente de alcaldía de Ecología, Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, destacó que “la contaminación es un problema que afecta a nuestra salud. Todos debemos responsabilizarnos de nuestras acciones, también los fabricantes de vehículos diésel que han cometido un fraude que afecta directamente a la salud pública, por ello deben tomar medidas para reparar el daño realizado y compensar por los impactos asociados”.