Recordó que el Comisionado de las Víctimas del Terrorismo, creado recientemente por la Comunidad de Madrid, será el encargado de gestionar todas las medidas asistenciales contempladas en la Ley 5/2018 que fue aprobada el pasado mes de octubre en la Asamblea de Madrid, así como aquellas que considere adecuadas para contribuir a "acelerar el esclarecimiento de estos asesinatos".

El PP pide que el Gobierno de España “priorice el impulso de las investigaciones de los asesinatos terroristas impunes perpetrados en la Comunidad de Madrid con todos los medios a su alcance, para conseguir que las familias vean plenamente reconocidos sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación”.

Por otra parte, en esta iniciativa también se pide al Gobierno regional que se dirija al Defensor del Pueblo para solicitar que realice un "estudio y seguimiento de la situación concreta de las familias afectadas".

Ossorio manifestó que en la Comunidad de Madrid hay todavía 35 familias de los asesinados por la banda terrosita ETA entre el 20 de diciembre de 1973 y el 30 de octubre de 2000, que continuan todavía sin conocer la identidad de los autores materiales del asesinato de sus familiares, a las que hay que añadir otras víctimas de acciones terroristas de bandas como el Grapo que se encuentran también pendientes de ser resarcidas judicialmente.

Aseguró que el 40% de los asesinatos realizados por ETA no han sido juzgados o condenados, “lo que nos obliga no solo a recordarlo sino a solicitar el ejercicio de las acciones necesarias para su esclarecimiento, como muestra de nuestro apoyo y solidaridad más sentida hacia las víctimas del terrorismo que se encuentran en estas circunstancias”.

Tras agradecer “el trabajo desarrollado durante tantos años por aquellas asociaciones de víctimas que han trabajado, dentro y fuera de España, para acabar con la impunidad del terrorismo y que no prescriban estos delitos”, dijo que el PP insta al Gobierno de la Comunidad a que, en colaboración con el conjunto de administraciones públicas, impulse medidas a favor de la memoria y el reconocimiento a las víctimas de ETA con el objetivo de "evitar su olvido y para el recuerdo de las futuras generaciones".

Para ello, señaló, a través de esta iniciativa legislativa, e propone "la denominación de una calle o una institución pública como fórmulas para contribuir al cumplimiento de este compromiso".