En la actualidad, las residencias, centros de día y demás recursos privados pagan un IVA del 10%, mientras que los públicos y concertados tributan al 4%. La propuesta fue presentada por el PDECat y obtuvo el voto favorable de todos los grupos salvo el de Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea, que se abstuvo por considerar que supone una "privatización encubierta" del sector.

En su defensa, el senador catalán Josep Luis Cleries afirmó que esta iniciativa legislativa "da respuesta a una reivindicación histórica del sector", tras saludar a los representantes de Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma), del Consejo Estatal de Personas Mayores, de la Unión Democrática de Pensionistas y de otras asociaciones de residencias privadas.

Según Cleries, "ninguna persona elige irse a una residencia, a un centro de día o contratar a un cuidador por capricho. Esto ocurre por circunstancias de primerísima necesidad, y no es justo" que en unos casos se pague un 10% y en otros un 4%.

"Evidentemente hemos de mejorar la financiación de la Ley de la Dependencia y acelerar el pago de los servicios concertados", admitió, pero "lo que debemos preguntarnos es si los servicios de atención a la dependencia son bienes de lujo o de primera necesidad", y si han de pagar o no un tipo super reducido de IVA. Rechazó que la reforma vaya a favorecer a las empresas, pues lo cierto es que "a quien va a ayudar sobre todo es a las personas dependientes y a sus familias".

La senadora de ERC Anna Azamar destacó que en el Estado español hay 310.000 personas con derecho a cobrar prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que no tienen plaza en un centro público, bien por retrasos en la valoración, bien por insuficiencia de la oferta. "No es justo que deban pagar por ello". La misma idea expresó el senador popular Miguel Ángel García Nieto.

MÁS FINANCIACIÓN

El resto de grupos del Senado se mostraron también a favor de la reforma. Solo el senador de Unidos-Podemos, Miguel Mesón, advirtió que esta modificación "supondrá una privatización encubierta de los servicios, al igualar los precios entre residencias públicas y privadas".

"El atajo de reducir el IVA a todo tipo de entidades con independencia de su naturaleza pública o privada no es la manera de recuperar el sistema de atención a la dependencia", indicó, y añadió que habría que lograr una mejor financiación.

También las senadoras del Grupo Vasco y del PSOE María Dolores Etxano y Matilde Valentín, respectivamente, pidieron "revertir los recortes" del PP y "recuperar los niveles de financiación" establecidos en la Ley de Dependencia.