Ello forma parte del último paquete mensual de decisiones sobre procedimientos de infracción de la legislación de la UE, dado a conocer este jueves. En virtud de la Directiva Marco sobre los Residuos, los Estados miembro de la UE están obligados a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que la gestión de los residuos se realice sin poner en peligro la salud humana y sin dañar el medio ambiente.

La Comisión Europea indicó que en España existen “pruebas generalizadas de la existencia de un gran número de vertederos ilegales (al menos 1.513) pendientes de cierre, sellado y regeneración, lo que está provocando una degradación importante del medio ambiente”.

El Ejecutivo comunitario ha decidido enviar un dictamen motivado a España debido al “incumplimiento sistémico y prolongado” de sus obligaciones en el marco de la Unión Europea. Las autoridades españolas tienen ahora dos meses para responder a las preocupaciones expresadas por la Comisión Europea; de lo contrario, ésta podría decidir llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE.

NITRATOS EN EL AGUA

Por otro lado, la Comisión Europea ha advertido a España de la insuficiente protección de sus aguas contra la contaminación causada por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.

La legislación de la UE sobre los nitratos es una de las piedras angulares de la normativa europea sobre el agua, cuyo objetivo es reducir la contaminación de las aguas causada o inducida por los nitratos de origen agrario y actuar preventivamente contra nuevas contaminaciones.

Para lograr este objetivo, la Directiva sobre los Nitratos contiene diferentes acciones y medidas que los Estados miembro deben elaborar e implementar, como, por ejemplo, controlar las aguas, designar zonas vulnerables a los nitratos y establecer códigos de prácticas agrarias correctas y programas de acción.

“España no controla sus aguas de manera efectiva, comprometiendo su capacidad para revisar las zonas vulnerables a los nitratos y evaluar la eficacia de los programas de acción, limitando así la eficacia de la legislación”, sentenció la Comisión Europea.

Por ello, el Ejecutivo comunitario ha enviado una carta de emplazamiento a España y concede dos meses para responder; de lo contrario, la Comisión podría decidir enviar un dictamen motivado.