Para Ana Sastre, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de la ONG, esta iniciativa “reconoce que los jóvenes que han sido tutelados representan un colectivo que merece una atención especial, debido a la vulnerabilidad a que se enfrentan cuando tienen que abandonar el sistema de protección”.

Asimismo, la ONG pidió garantizar "una coordinación efectiva entre el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y las comunidades autónomas antes y después de que los jóvenes tutelados cumplan la mayoría de edad", a fin de protegerlos del "salto al vacío" que en ocasiones supone llegar a los 18 años de edad. “Si no existe una línea continua a la hora de intervenir con menores tutelados, de nada sirve el trabajo realizado durante el periodo de protección en los centros”, agregó Sastre.

Agregó que con esta medida, el Gobierno reconoce que los sistemas de protección de las comunidades autónomas no son los únicos responsables de la inclusión en la sociedad de los menores que viven bajo tutela, sino que tienen que ser apoyados por el resto de los actores y recursos existentes para garantizar que todos alcancen el pleno disfrute de la ciudadanía y todos sus derechos.

A su juicio, dicha inclusión sería imposible sin la coordinación y la cooperación de todas las instituciones públicas que se ocupan de garantizar el derecho a la vivienda, el empleo o la educación, concretó. Por último, destacó la especial situación de vulnerabilidad añadida que viven los menores migrantes no acompañados (mena), quienes suelen llegar al país en edades muy próximas a los 18 años.

Sus necesidades específicas (aprendizaje del idioma, regularización administrativa, acceso a la documentación...) "tendrán que ser tenidas muy en cuenta para adoptar medidas concretas para que puedan alcanzar una exitosa inclusión en la sociedad", concluyó.