El Gobierno prevé "perseguir" las cláusulas abusivas en hipotecas con la política de vivienda y de consumo
- Montero pide "no demonizar" a toda la banca, sino evitar las conductas abusivas
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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, detalló hoy que el Gobierno confiará el control y persecución de las cláusulas abusivas en materia de hipotecas en tres pilares: con la autoridad de defensa de los productos financieros que ultima el Ministerio de Economía y con el doble juego de la política de vivienda y de la política de consumo.
La ministra contestaba así en el Pleno del Congreso a preguntas del diputado popular Ricardo Tarno sobre cómo va a garantizar el Gobierno que la banca no va a repercutir el impuesto de actos jurídicos documentados en el coste de los préstamos a las familias.
Montero reivindicó que el Gobierno ha actuado en "tiempo récord" para responder a la demanda de los ciudadanos y zanjar la controversia generada por las sentencias contradictorias del Tribunal Supremo.
El diputado popular reclamó la supresión del tributo con el argumento de que "si no lo suprimen lo acabarán pagando de manera directa" los ciudadanos y acusó al PSOE de crear este tributo bajo el Ejecutivo de Felipe González, y subirlo en las autonomías que gobiernan.
"Son unos timadores, unos trileros, siempre nos preguntamos dónde esconden la bolita, donde engañan a los españoles", le reprochó, antes de detallar que en los dos últimos años el tributo se ha duplicado en Castilla-La Mancha, Cataluña y Aragón, subiéndolo al 1,5% "sabiendo que lo pagaban los ciudadanos", y es la misma tasa vigente en Andalucía desde 2012, donde aporta apenas 389 millones a las arcas, algo que insinuó que era limitado frente al coste de partidas como la Sanidad o Educación, que consumen entre 7.000 y 9.000 millones cada una.
NO CABEN EFECTOS RETROACTIVOS
"Lo que llama la atención es que el PP proponga eliminar el impuesto cuando pagan los bancos y no cuando son los clientes los que pagan", le respondió Montero, y le demandó responsabilidad porque la supresión sin más del tributo tendría un impacto "de 5.000 millones de euros en las arcas autonómicas".
La ministra indicó por otro lado que la retroactividad en la devolución del tributo ha quedado aclarada por el mismo Tribunal Supremo, que en fallos judiciales ha dejado claro que "las leyes fiscales no tienen efectos retroactivos", frente a otra pregunta de Ione Belarra, del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Belarra le había trasladado si el Gobierno consideraba "justo" que no se devuelva el dinero pagado hasta ahora por los ciudadanos hipotecados. En su intervención dijo que era "como si un ladrón le roba 3.000 euros y le dice que no se lo va a devolver pero que no pasa nada porque a partir de ahora no se los va a robar".
NO DEMONIZAR AL SECTOR BANCARIO
La diputada pidió a Montero legislar y "atar en corto" a los bancos para que que no trasladen el tributo y haya devoluciones retroactivas, porque "no podemos confiar" en que lo hagan entidades que han desahuciado durante la crisis a "cientos de miles de familias sin ningún escrúpulo, no han devuelto las ayudas públicas y aplicaron cláusulas abusivas en las hipotecas. "Que la ley hipotecaria proteja a la gente y no a los bancos", reclamó.
La ministra reprendió los "adjetivos gruesos" utilizados contra la banca "y el funcionamiento del Estado democrático". "No roba el que está dentro del marco de la legalidad", le contestó en alusión a que la banca cumplía con la ley aplicable desde 1995 al no soportar el impuesto de actos jurídicos documentados y pagarlo el cliente.
Montero reconoció que hay "mucho que mejorar en el funcionamiento del Estado democrático, mucho mejorar en el funcionamiento de determinadas insituciones", pero defendió que "todas las instituciones son necesarias y las entidades son necesarias". "Lo que no hay que hacer es demonizar y condenar sin más a todas las entidades financieras como si todas actuaran igual", demandó, precisando que lo que hay que hacer es "perseguir aquellas conductas abusivas y que no respeten la legalidad, o simplemente no desprecien al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo o al Estado democrático". "Eso es lo que hay que condenar y en esa dirección seguiremos", concluyó.
(SERVIMEDIA)
14 Nov 2018
IPS/ECR/caa