Para el presidente de AI, Víctor Domingo, incluir en una ley orgánica especial, que solo busca adaptar el reglamento europeo sobre protección de datos, "un batiburrillo de garantías para la protección de diferentes tipos de derechos ejercitados 'online', tanto derechos fundamentales como derechos patrimoniales, parece un tanto precipitado”.

A su juicio, la ley vigente hasta ahora ordenaba el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal de forma específica, y tiene que hacerlo conforme le ha marcado el reglamento, "pero esto nada tiene que ver con la neutralidad de la red, el derecho del trabajador a un horario digno, el derecho de un heredero a conocer la vida y milagros de un familiar o allegado que fallece sin testar, o la libertad de expresión en Internet".

En segundo lugar, Domingo no ve bien que una norma que protege los datos personales de injerencias excesivas, también del Estado, "nos diga que este tiene un interés legítimo democrático para tratar sin pedir consentimiento nuestras opiniones políticas con fines electorales".

Sobre la propuesta que se hace en relación con el 'derecho de rectificación”, sostiene que el resultado será contraproducente, pues "obligará a la censura inmediata de opiniones".

En cuarto lugar, la AI objeta sobre el 'derecho al olvido', porque en principio cita el derecho de supresión para motores de búsqueda, pero luego lo amplía a redes sociales y servicios equivalentes.