Esta iniciativa fue apoyada por Podemos y PSOE, mientras que PP y Ciudadanos votaron en contra. La diputada de Podemos Isabel Serra defendió esta iniciativa que beneficiará, sobre todo, a las trabajadoras de la ayuda a domicilio contratadas por la Comunidad y manifestó que la contratación pública es una “herramienta estratégica y política y tiene efectos sobre la economía”.

Denunció el “saqueo de lo público a través de externalizar lo que es de todos” y que los “monopolios privados empeoran el servicio que ofrecen sus 76.000 trabajadores privados”.

Esta ley, que propone, entre otras medidas, que el precio no sea más del 40% en la valoración del contrato de servicios, pretende acabar con la “degradación de los servicios públicos como hacen los gobierno del PP”, dijo Serra, quien pidió “revertir las privatizaciones”.

El diputado socialista Pablo Garcia- Rojo, dijo que apoya la toma en consideración de esa proposición de ley pero señaló que si salía adelante sería necesario mejorarla. Indicó que es necesario que la Comunidad “se adapte a la nuevas” leyes en esta materia y “repensar” estas cuestiones.

A su juicio, el Gobierno regional no tiene “voluntad política para adecuar estas leyes”.

También manifestó que “queremos un modelo de contratación socialmente más responsable”, que tenga en cuenta la “igualdad efectiva de hombres y mujeres y los derechos de las personas con discapacidad”. Reconoció que, por porte de la Comunidad, “se han hecho esfuerzo, pero hay que hacer más”.

El diputado de Ciudadanos Alberto Reyero, dijo que Podemos plantea esta ley desde un punto de vista ideológico y es “muy corta con solo 14 artículos”. Además, añadió, “la mitad de los artículos son redundantes” con la ley estatal, “no aportan nada y es intervencionista”.

“No es necesaria”, señaló Reyero, quien añadió que “ya hay una normativa nacional, aunque sin desarrollar”. Afirmó que la legislación vigente, de 2017, sobre contratos del sector público ya incluye cláusulas estratégicas y manifestó que el “éxito dependerá de la ejecución de la norma”. Además, declaró que la ley nacional ya permite lo que propone la iniciativa de Podemos.

El diputado del PP Álvaro Moraga dijo que está a favor de inclusión de cláusulas estratégicas en la contratación pública, pero “discrepa” de los contenidos en esta iniciativa.

“Discrepamos porque ya hay un decreto de la Comunidad que incluye esas cláusulas”, dijo Morada, quien defendió el “fomento de la contratación con cláusulas sociales”. Manifestó que “ya hay normativa regulada en el Estado” sobre esta materia, por lo que rechazó esta proposición de ley.