A partir de este decreto, las empresas que reciban ayudas de Industria tendrán la obligación de mantener la actividad productiva durante al menos tres años y garantizar la continuidad del 85% del empleo si acuerdan un despido colectivo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, dijo que la medida persigue “un compromiso de continuidad” y “arraigo en el territorio” por parte de las compañías que reciban subvenciones, y que no se repitan “casos de cierre de empresas que deciden irse una vez recibidos los dineros”. “Todos les ponemos nombre a esas empresas”, afirmó Maroto.

Otras medidas de alcance industrial incluidas en el decreto son una nueva regulación del contrato de relevo en la industria manufacturera, la creación en los próximos seis meses de redes de distribución de energía eléctrica cerrada en zonas industriales y la aprobación de un estatuto del consumidor electrointensivo.

En materia de comercio, el decreto prevé la regulación de la venta a pérdidas, “una medida muy necesaria para dar certeza jurídica a los operadores”, según Maroto, y la reducción de cargas administrativas a las empresas.