En un comunicado conjunto, estas organizaciones denuncian que se ha legislado en contra de las propuestas del sector agrario ya que habían planteado que la prohibición de la “venta a pérdidas” se realizara vía modificación de la Ley de mejora de la Cadena Alimentaria, algo que no ha ocurrido.

Además, explican que se ha dado un paso hacia atrás en la eliminación de esta práctica porque lo que había hasta la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE era una prohibición general de venta a pérdida al consumidor y bastaba con demostrar que el precio de venta era inferior al precio de compra (factura contra factura). Ahora, no sólo debe darse esto último, sino que hay que demostrar que la práctica tiene carácter desleal.

De esta manera, se complica enormemente la denuncia de esta práctica porque la norma gana en complejidad, subjetividad y arbitrariedad. En la práctica, es inútil para proteger al sector productor, que queda fuera del ámbito de esta normativa, hecho que se hubiera subsanado de haberse introducido en la Ley de cadena, como propone el sector productor.

Además, los supuestos que definen la deslealtad de la práctica son interpretables y generan indefinición jurídica, lo que hace más difícil la aplicabilidad de la norma.