Así lo aseguraron varios representantes de este sindicato en un encuentro con periodistas en Madrid en el que trasladaron las peticiones que hicieron llegar este lunes al secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana. Según dijeron, UGT espera “voluntad política” para que el Gobierno impulse “con celeridad” un nuevo real decreto de conciertos educativos que actualice la normativa vigente, de 1985.

Con ello, según destacó el responsable del sindicato de Educación Privada, Jesús Gualix, se buscaría la “homogeneización” de la educación pública y concertada, tanto en derechos laborales de los trabajadores (en los 3.500 centros concertados que hay en España trabajan unos 145.000 empleados, 120.000 de ellos docentes) como en servicios, para alcanzar el objetivo de la calidad educativa.

El nuevo real decreto que propone UGT contemplaría, según pide el sindicato, el citado aumento de profesores en la concertada (también más personal de servicios), unos salarios “más dignos” y que se contabilicen los sexenios para esos profesionales y tengan una formación “pagada”. En este punto, Gualix lamentó que los docentes de la concertada paguen “a coste de su dinero y sus vacaciones” su formación.

Las reivindicaciones del sindicato superan el ámbito de los derechos laborales para reclamar cuestiones como que “la enseñanza concertada debe ser gratuita” o que el Gobierno ponga “especial empeño” en dar más recursos a los centros que se encuentran en zonas desfavorecidas, “sean de la pública o de la privada” y que se ofrezca una “escolarización equilibrada” entre la pública y la concertada para acoger a “alumnos con dificultad”, entendida también como la que produce en los niños su entorno sociofamiliar.

UGT también pide al Ejecutivo “reactivar la negociación colectiva” y que “ponga sobre la mesa” una memoria económica que respalde la reforma de la Lomce que está impulsando Educación.

Precisamente, la secretaria del Sector de Enseñanza de PeSP-UGT, Maribel Loranca, partiendo de las complicaciones que ofrece la actual legislatura, manifestó que desde el sindicato tienen “la obligación de ser optimistas” con que se materialicen sus peticiones para mejorar el ámbito educativo concertado con un real decreto, una figura que entienden más ágil que la ley de modificación de la Lomce en la que está embarcado el Gobierno.