En su opinión, “el fenómeno de la difusión sin control del juego, y muy en especial si los jugadores son menores de edad, tiene unas características similares a las del consumo del tabaco o de drogas”.

Por ello, la institución ha abierto una actuación de oficio ante los Ministerios de Hacienda y de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y prevé ampliarla con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, las comunidades autónomas y los municipios.

En concreto, quiere tener “más datos” sobre este fenómeno y las posibilidades de una intervención “más decidida” de los poderes públicos respecto de los derechos del menor y de las limitaciones publicitarias, ya presentes en la legislación sobre comunicación audiovisual. La institución también considera “necesario” que los poderes públicos estudien “más a fondo” los efectos de la proliferación de establecimientos de acceso al público.

Según explicó el Defensor en una nota, su oficina ha recibido quejas por la publicidad “constante y continua” en la televisión y medios ‘online’ de anuncios de casas de apuestas. “Muchos de los ciudadanos que se han dirigido a la Institución sostienen que, al igual que con el tabaco, existe un problema grave en España sobre la ludopatía, relacionado con este tipo de publicidad, que no solo perjudica gravemente la salud del que juega, sino además a su familia y entorno”.

El Defensor del Pueblo recordó también que los poderes públicos “están obligados por mandato constitucional” a facilitar que el ocio sea utilizado en forma adecuada (artículo 43 de la Constitución); y que la Estrategia Nacional de Adicciones incluye actuaciones frente a la adicción a las nuevas tecnologías y al juego. “En esta línea, la Ley General de la Comunicación Audiovisual, protege especialmente los derechos del menor y la ley de regulación del juego, tiene entre otros fines prevenir las conductas adictivas, proteger los derechos de los menores y salvaguardar los derechos de los participantes en los juegos”, concluyó el Defensor.