Cellnex fue cuando era Abertis, junto a operadores locales, uno de los principales concesionarios de las ayudas que acordó el Gobierno en 2008 para esa implantación de la televisión digital terrestre.

La Comisión Europea declaró estas subvenciones incompatibles con las normas de la UE por no respetar el principio de neutralidad tecnológica.

El Tribunal de Justicia de la UE dio en un primer momento la razón a Bruselas y rechazó los recursos del Gobierno español, las comunidades autónomas y Abertis. Sin embargo, en segundo instancia atendió casaciones similares y declaró que el Ejecutivo comunitario no ha justificado debidamente su consideración de que las ayudas son ilegales, por lo que le ha requerido que presente pruebas de que las subvenciones contravienen la neutralidad entre empresas.

En este impás, el Supremo ha dictado un nuevo auto, al que ha tenido acceso Servimedia, en el que explica que Bruselas ha remitido una carta al Gobierno español en la que le informa de la reapertura del procedimiento “para dilucidar si las ayudas controvertidas son compatibles con el derecho de la Unión Europea".

Según el Alto Tribunal, eso implica “el mantenimiento de la existencia de indicios de ayuda de Estado contraria al derecho de la Unión que es necesario despejar”, y, por consiguiente, hay que mantener la suspensión del proceso.