Así lo manifestó el delegado del Cermi para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad, Jesús Martín Blanco, durante su participación en la mesa redonda ‘Activismo social, víctimas y delitos de odio’, celebrada en el marco del Congreso de Derechos Humanos de la Abogacía Española. Martín Blanco participó en la mesa junto a Leila Nachawati, profesora de Comunicación y Periodismo especializado en Derechos Humanos; Charo Alises, abogada del Colegio de Abogados de Málaga especializada en delitos de odio, y Dánae García, activista de SOS Racismo.

El delegado del Cermi de Derechos Humanos achacó la mayor incidencia de los diferentes tipos de violencia y abusos a “los vestigios que perpetúan esa creencia que un día nos etiquetó como seres inferiores, prescindibles o que había que curar”, algo en lo que influyen las barreras que siguen existiendo en materia de educación inclusiva.

“Tampoco ayuda contar con un marco jurídico, social y moral que sostiene esa visión mal entendida de la protección, al legitimar que se nos aparte y que se nos sustituya en la toma decisiones y que no se ajusta a la Convención de la Discapacidad”, añadió.

Jesús Martín recordó que el informe elaborado por la Organización por la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), sobre delitos de odio en sus Estados miembro, sitúa a España “en un terrible segundo puesto, solo por detrás de Reino Unido, en registrar delitos de odio contra las personas con discapacidad: 264 casos, cifra creciente con respecto a 2015 con 226 casos computados”. Este contexto se sigue produciendo pese a que la Convención Internacional de la Discapacidad es de obligado cumplimiento por parte de los países que la han ratificado, algo que hizo España hace 12 años.

Para acabar con esta situación, Martín Blanco instó a garantizar el derecho a la justicia penal de las víctimas con discapacidad, lo que, en su opinión, exige “una reforma procesal e institucional profunda” que debería poner el foco en el papel de los factores sociales y de entorno, y en el propio diseño estandarizado del sistema de justicia penal. Todo ello se debería hacer con el objetivo no solo de protegerlas de potenciales perjuicios, sino también de garantizar su participación plena y efectiva en las diferentes fases del procedimiento.

En dicha reforma, el delegado del Cermi defendió también que se mejoren los sistemas de inspección y poner en marcha mecanismos de coordinación entre los servicios sociales, médicos y educativos con los operadores jurídicos desde una perspectiva “multiagencia”.

Asimismo, subrayó la importancia de apostar por la formación y la capacitación de las personas con discapacidad y sus familias y de los profesionales que trabajan con ellos. Además, reclamó reforzar la formación en la visión de derechos humanos sobre las personas con discapacidad, así como de garantizar la accesibilidad de todos los recursos judiciales tanto a nivel físico como de comunicación.

“Las personas con discapacidad aportamos nombre y rostro a estas perturbadoras estadísticas, que constatan que el estigma pervive y que la tan invocada inclusión no ha penetrado en estos espacios de sufrimiento y dolor”, afirmó Martín Blanco en relación con los delitos de odio.

En este sentido, advirtió de que esta realidad sustenta la tesis de la vulnerabilidad y discriminación estructural que sufren las personas con discapacidad, y la ineficacia de las políticas públicas para hacer cumplir diferentes artículos de la Convención. En concreto, detalló que se vulnera el artículo 15 relativo a la protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, el artículo 16 sobre protección contra la explotación, la violencia y el abuso y el artículo 8 de toma de conciencia “que, sin duda, contribuiría a fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad y a erradicar esta visión lastimosa y dañina hacia estos hombres, mujeres, niñas y niños”, zanjó el representante del Cermi.