En la querella, la fiscal Carmen Martín Aragón considera que la cantante dejó de presentar la liquidación del IRPF e Impuesto de Patrimonio esos tres ejercicios produciendo un perjuicio económico a la Hacienda pública, respectivamente, de 12.371.197,97 euros (IRPF) y 2.191.771,58 euros en Patrimonio.

La fiscal considera que Shakira vivía en España durante estos ejercicios, y que las estancias en el extranjero por motivos laborales fueron "esporádicas", por lo que la cantante era residente permanente en España y tenía la condición de obligado tributario.

Los abogados de Shakira han venido sosteniendo que la cantante tenía residencia fiscal en Bahamas, donde tiene una casa que compartía con su anterior pareja. Sin embargo, Anticorrupción sostiene que durante los ejercicios sometidos a estudio “no tuvo ningún día de presencia física” en esa propiedad. Además, Shakira en esa fecha era propietaria de otra casa en Esplugues, que era su domicilio familiar con el futbolista Gerard Piqué. Insiste la Fiscalía en que sus desplazamientos al extranjero para cumplir sus compromisos profesionales fueron de “duración corta”.

El ministerio público explica que la artista se sirvió de un “entramado societario" de 14 empresas construido por sus asesores fiscales para ocultar sus rentas a la Hacienda pública. Por este motivo, la querella de Fiscalía se dirige también contra uno de sus abogados con despacho en Nueva York.