En una entrevista en Cope recogida por Servimedia, Garamendi se refirió a la política fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez para decir que el anuncio del Gobierno de una subida de la base máxima de cotización de casi el 10% “acabará en el 7% por la referencia que tenemos en las cotizaciones sociales” y supondrá 1.500 millones de euros adicionales a pagar por las empresas.

“Cuando España ya tiene un 30% superior los costes (sociales) sobre Europa y meten un rejón del 7% tenemos un problema de competitividad”, avisó.

Respecto a la derogación de la reforma laboral de 2012 y el preacuerdo que anunció CCOO en este sentido, el responsable de la patronal española consideró que fue una “auténtica sorpresa y una mala noticia, porque pensamos que no es el camino”.

“La realidad es que todavía no hemos llegado a ningún acuerdo”, aseguró, y quiso aclarar que “el Gobierno tiene el Parlamento para legislar, pero que no lo hagan en mi nombre”.

Sobre la prevalencia del convenio sectorial frente al de empresa que el Gobierno quiere recuperar en el marco de la contrarreforma laboral, Garamendi defendió que los empresarios tengan libertad para poder elegir porque “constreñir las cosas no es bueno”, y respecto a la recuperación de la ultraactividad, explicó el efecto “perverso” que se produjo en los años de la crisis en los que estuvo vigente y que supuso incrementos salariales en sectores como el de la construcción, en el que se estaba destruyendo más empleo.

SALARIO MÍNIMO

Preguntado por la subida del 22,3% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que el Ejecutivo de Sánchez va a aprobar en este mes, Garamendi insistió en que lo que ha “preocupado” a los empresarios es que el Gobierno se haya “saltado” el diálogo social, así como el hecho de que vaya a aplicarse en puestos de trabajo donde el valor añadido es menor.

En esta línea, reclamó que las administraciones suban las contrataciones públicas con las empresas en esa medida porque en el caso contrario éstas “van a la quiebra”. Ante esta petición, señaló que desde la Administración se les ha dicho que eso supone un “riesgo regulatorio”, pero consideró que “para mí sería un riesgo regulatorio de un país bananero”.

En general, Garamendi apuntó que a los empresarios les “preocupa sobremanera” cuando se hacen anuncios con costes superiores a los 6.000 millones de euros, se plantean unos ingresos que “a ver cómo se llega a ellos” y unos gastos que “van a ser más de los que nos cuentan”.

Explicó que las empresas han “descontado” estos asuntos y advirtió de que los anuncios “desestabilizan la estabilidad”. También dijo que la previsión que manejan en CEOE es que se creen 400.000 empleos al año, pero “si esto sigue adelante se contratará menos, eso seguro”, porque “suele ser así”.

En clave política, el presidente de CEOE apeló a la “estabilidad” y a la “moderación” y “todo lo que suene a extremismo nos suena fatal”. Defendió “una España unida, diversa” y en la que la ley “está por encima de todos”.