En la denuncia se expone que el 24 de noviembre de 2005, el entonces consejero regional Alfredo Prada autorizó el convenio de colaboración entre la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, dependiente de la Consejería de Justicia, y la entidad sin fines de lucro Ginso, en el que se incluía la construcción de dicho centro.

Podemos considera que el exconsejero Francisco Granados aportó facturas falsas que probarían lo que vendría a confirmar un acta notarial de Carmen Balfagón (exalto cargo der la Comunidad). Según Podemos, la empresa Ginso sirvió de "tapadera para el traspaso de fondos públicos a la financiación irregular del PP a través de unos informes sobre delincuencia juvenil que nunca aparecieron".

Para Podemos, dichos informes fueron encargados a Ginso a través de la Agencia del Menor que dirigía Balfagón. Y el presidente de Ginso, Alfredo Santos, habría supuestamente subcontratado la elaboración de dichos informes a empresas de Álvaro Renedo y German Yankee. El encargado de dicha operación, según Podemos, habría sido Alfredo Prada.

Según la diputada regional Isabel Serra, “con esta denuncia ponemos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción que la empresa Ginso, que a día de hoy tiene un convenio aún vigente para la gestión de ese centro, forma parte de un entramado de empresas que han funcionado en diferentes ocasiones para la financiación irregular del PP y que aparecen en el 'caso Púnica', 'Lezo' o 'Pujol' (Ibadesa, Inypsa, Isolux).”

Destacó que las empresas que fueron adjudicatarias de la construcción del centro en el convenio Ginso-Comunidad de Madrid fueron Icono Consultores propiedad del presidente de Ginso y Prodos Projects participada por los dueños de Ibadesa, entre los que figurarían José Herrero de Egaña López de Hierro y Javier Valero Artola.

Sin embargo, según la denuncia presentada en la Fiscalía, “poco después de la firma de ese convenio Prodos firmó un acuerdo con Inypsa, según el cual se trasfiere un paquete de obras valorado en 35 millones de euros, entre los que se incluía la construcción del centro Teresa de Calcuta.”

A raíz de dicha investigación, destacó, “sospechamos que Prodos Project ha jugado un papel de sociedad instrumental al igual que otras comisionistas asociadas al Grupo Ibadesa y creemos que Ginso ha sido la tapadera para conectar el gobierno del PP en el año 2006 con ese entramado de empresas”.

“Por todo esto hemos redactado una denuncia de 82 páginas en las que detallamos cómo se relacionan unas empresas con otras y consideramos que existen suficientes indicios para afirmar que el convenio aún vigente firmado con Ginso no cumple con la legalidad en donde se exige la ausencia de ánimo de lucro, que Ginso forma parte de un entramado de empresas que han servido para recibir fondos públicos, y que esas empresas están involucradas en casos como Lezo, Púnica o Pujol”, señaló.

Dijo que es “muy grave” que el PP “haya usado los recursos de menores y los fondos destinados a la atención de menores bajo medidas judiciales, un colectivo especialmente vulnerable, para el que la simple privatización de este servicio ya es una amenaza, para su corrupción”.