Rodríguez hizo esta petición en una rueda de prensa en Madrid en la que Greenpeace presentó su informe ‘Democracia y contrapoder. 40 años de movilizaciones ecologistas y pacificas’, con el que esta organización muestra que la protesta pacífica ha sido clave para la construcción de la democracia en España.

“El Gobierno que salga de esta moción de censura iniciará la derogación de los aspectos más virulentos de la ‘Ley Mordaza’. Me comprometo a impulsar la derogación urgente de aquellos artículos que fueron recurridos ante el Tribunal Constitucional por el PSOE y por los grupos parlamentarios de la oposición. Me refiero a los artículos que limitan desproporcionadamente, a nuestro juicio, el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación y la libertad de expresión, a los artículos que restringen la libertad de información de los profesionales del periodismo o a la disposición final que permite la expulsión de extranjeros en frontera de forma arbitraria y sin derecho a la tutela judicial efectiva”, afirmó Sánchez en el Congreso de los Diputados el pasado 31 de mayo.

La ‘Ley Mordaza’ entró en vigor el 21 de mayo de 2016 después de las protestas de ‘Rodea el Congreso’ y sanciona cualquier "perturbación grave" que se produzca frente al Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos, así como “el escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo cierto de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes”, entre otros actos. Las multas máximas son de 600.000 euros.

El Congreso de los Diputados ha recibido dos proposiciones de ley de reforma de la ‘Ley Mordaza’, una derogatoria presentada por el PSOE en diciembre de 2016 y otra reformista registrada por el PNV en enero de 2017. Una ponencia con varios diputados está encargada de iniciar los trabajos para acordar un texto sobre esta materia.

“Si un presidente del Gobierno se compromete a derogar la ‘Ley Mordaza’, la tiene que derogar. Lo que no vale es decir que se va a reformar y mucho nos tememos que se va a quedar en una reformilla. La piedra angular que dé una señal a la ciudadanía de que este Gobierno va a respetar los derechos y libertades y el legítimo derecho a la protesta pacífica es que derogue la ley”, subrayó Rodríguez.

"DINÁMICA REGRESIVA"

El director ejecutivo de Greenpeace indicó que, pese a la “dinámica regresiva” de los últimos años en España y al “efecto disuasorio” de la ‘Ley Mordaza’, esta entidad continuará realizando “acciones de protesta no violenta para defender el medio ambiente y la paz”, si bien admitió que “el coste para la organización y para los activistas va a ser cada vez mayor”.

“No vamos a dejar de hacerlo. La ley es un hándicap y por eso lo denunciamos. El problema es que la ley establece el principio de veracidad de la autoridad y no el de presunción de inocencia, con lo que entramos en un espacio de arbitrariedad adminsitrativa”, apostilló.

Fuentes de Greenpeace informaron a Servimedia de que esta organización ha pagado 23.836 euros en multas tras más de tres años y medio de vigencia de la ‘Ley Mordaza’ (que serían 35.051 euros si no se hubiera acogido al pronto pago), repartidas en nueve actividades.

Las principales fueron las acciones realizadas en el entorno de la central nuclear de Almaraz en noviembre de 2016 (12.621 euros y 21 sancionados), en la sede de Endesa en Madrid en marzo de 2017 (6.310,50 euros y 21 sancionados) y en la sede del BBVA en Madrid el pasado junio (2.804,50 euros y 9 sancionados).

Las condenas se deben principalmente a desórdenes públicos, desobediencia a la autoridad, ocupación de inmueble, deslucimiento de bien inmueble y escalamiento de edificios.

40 AÑOS DE MOVILIZACIONES

Por otro lado, el responsable de la campaña en defensa de la democracia de Greenpeace, Javier García Raboso, destacó que “España no es ajena” a un contexto internacional convulso con movimientos populistas basados en “el discurso del odio y el miedo”.

García Raboso indicó que la ‘Ley Mordaza’ nació en “un momento de alta contestación ciudadana” y ha supuesto “un franco declive de la participación democrática”, al tiempo que aseguró que “el discurso político está menos abierto al diálogo que antes”.

El informe de Greenpeace presentado hoy hace un recorrido por ocho casos de movilizaciones sociales importantes en España, como algunas protestas contra centrales nucleares (Lemoiz, Valdecaballeros, Garoña y Almaraz), ‘Nunca Máis’ tras el hundimiento del petrolero ‘Prestige’ en 2002, las manifestaciones contra el ‘fracking’, el no a la objeción de conciencia (entre 1971 y 2001), las protestas de ‘OTAN no, bases fuera!’ y el ‘No a la guerra’ de Iraq.

Greenpeace propone un catálogo para “avanzar en democracia” basado en los siguientes principios: garantizar derechos y libertades, transparencia y buen gobierno, participación ciudadanas, educación en valores democráticos, diálogo y cultura de paz, recuperar la memoria, justicia social, justicia climática, feminismo y el conocido eslogan ‘piensa globalmente, actúa localmente’.