Así lo explicó en la Cámara Baja José Luis Cobos, representante del Consejo General de Enfermería, que junto al resto de organizaciones solicitaron al Ministerio de Trabajo el desarrollo de una norma que regule la protección de los trabajadores del ámbito sanitario frente a la exposición a medicación peligrosa en centros públicos y privados.

Junto a ello, también demandaron al Ministerio de Sanidad que realice un estudio sobre la situación actual de los centros sanitarios y socio-sanitarios españoles en materia de protección a los trabajadores y en relación a la exposición a medicación peligrosa por parte de los pacientes así como una guía nacional que recoja medidas de protección para ambos colectivos y que se convierta en “protocolo de obligado cumplimiento”.

Tras subrayar que cada año más de 20 millones de trabajadores europeos están expuestos a medicación peligrosa y más de 100.000 personas mueren por algún contacto con sustancias cancerígenas, la organización lamentó que en España no exista una normativa “específica” que regule “de forma clara y precisa cuáles son las medidas necesarias para que esos medicamentos sean manejados de forma segura”.

El manifiesto recuerda que el personal sanitario con “mayor riesgo de exposición a medicación peligrosa” es el de enfermería y, junto a él, también tendrían un “alto riesgo de exposición” tanto los pacientes como sus familiares, así como el personal de recogida, transporte, limpieza y destrucción de residuos.

El Consejo General de Enfermería puntualizó que, para la manipulación de estos fármacos, la UE recomienda la puesta a disposición de todos los profesionales del equipo de protección individual y la transferencia de fármacos en un sistema cerrado, además de formación e información suficiente a los sanitarios.

Sin embargo, según el informe del Observatorio de Bioseguridad, impulsado por la Mesa de la profesión enfermera, sólo en el 47,2% de los centros sanitarios existe un protocolo que obligue a la utilización de un sistema cerrado de preparación y administración de medicación peligrosa y en más de la mitad de los centros no se ha realizado una evaluación de los riesgos laborales que asumen los enfermeros que manejan productos citostáticos.

En aquellos en los que sí existe protocolo el 53,9% de trabajadores “no sabe qué tipo de sistema se utiliza para la administración de medicación peligrosa”, concluyó el Consejo General de Enfermería, que consideró que su iniciativa ha tenido un "amplio respaldo político" por parte de todos los grupos del arco parlamentario.