Así lo dijo durante su comparecencia en la comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el Congreso de los Diputados a la que acudió para abordar la situación del mercado laboral, las medidas que se van a adoptar con respecto a los autónomos y las que va a impulsar el Ministerio en materia de formación.

La ministra explicó que la ley del sistema de formación para el empleo “no está sirviendo para impulsar el sistema” y así lo trasladaron los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme al Gobierno en la primera reunión que mantuvieron.

Por ello, anunció que se ha acordado una convocatoria de ayudas de 350 millones para “paliar los efectos de la falta de oferta formativa”, que verá a luz mediante una orden ministerial antes de que finalice el año. En esta norma se incluirán acciones de formación para el empleo a nivel estatal dirigidas prioritariamente a personas ocupadas a partir de las necesidades formativas detectadas por las estructurales sectoriales paritarias.

Además, la ministra destacó que la ley de formación prevería que se activaran los “resortes para la formación asociada a la negociación colectiva y nos hemos encontrado que no se habían elaborado las bases reguladoras”.

“Frente a este desinterés, el Gobierno ha consensuado la orden de bases para la gestión de la línea con los agentes sociales” y antes de finalizar el año se convocará la orden que regula esta formación asociada a la negociación colectiva, según adelantó Valerio, respondiendo así a una petición de los sindicatos y la patronal.

Asimismo, se refirió a la burocracia en la gestión de las subvenciones para formación y explicó que se van a tramitar tres órdenes ministeriales mediante las que se flexibilizarán las convocatorias de formación para el empleo, se regulará el catálogo de especialidades formativas y se regulará el registro estatal de entidades de formación.

Por otra parte, señaló que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tiene en marcha en estos momentos la gestión de una convocatoria para la adquisición de competencias digitales, a la que han concurrido más de 500 solicitudes de entidades de formación.

También explicó que se va a regular un sistema de distribución de fondos entre las comunidades autónomas para que puedan realizar convocatorias plurianuales como venian demandando desde 2012, en concreto, a tres años.