Los magistrados del Alto Tribunal han tomado esta decisión al estimar el recurso de revisión interpuesto por los familiares de Meño. La Sala de lo Civil concluye que hubo fraude procesal en la causa que derivó en la absolución del anestesista y en la condena a los padres a pagar 400.000 euros por las costas, una medida que llevó al embargo de su casa.

La sentencia hecha pública hoy, de la que ha sido ponente el magistrado José Ramón Ferrández, señala que la declaración en el Supremo del doctor Ignacio Frade, quien asistió a la operación y que ofreció una nueva versión de los hechos, “pone de manifiesto la realidad de un fraude procesal gestado fuera del proceso entre los profesionales intervinientes en la rinoplastia estética”.

Fue la Audiencia Provincial de Madrid quien decidió en 1998 absolver al anestesista, Francisco G. M., y revocar la primera sentencia, dictada por el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, que le había condenado a indemnizar a los padres de Meño con un millón de euros.

El paciente, entonces un estudiante de derecho de 20 años, quedó en coma vigil el 3 de julio de 1989 tras sufrir una apnea –falta de oxígeno en el cerebro- transitoria que le provocó un daño cerebral en la intervención de rinoplástia a la que se sometió en la Clínica Nuestra Señora de América de Madrid.

El anestesista siempre ha mantenido que Meño se atragantó tras ser operado y se le cayó el tubo de la anestesia de la tráquea, lo que provocó el vómito. Pero el nuevo testigo, Ignacio Frade, quien se encontraba presente en la operación en calidad de observador como estudiante de medicina, aseguró en su declaración en la vista celebrada por el Tribunal Supremo hace dos semanas que lo que sucedió fue que durante la intervención se produjo una desconexión de la parte exterior que unía a Meño al respirador, algo que el anestesista no pudo remediar porque no se encontraba en la sala de operaciones.

Frade dijo ante el Alto Tribunal que “el anestesista no estaba y se avisó a la enfermera auxiliar para que le llamara. Pasados unos cinco minutos llegó, le levantó los paños y comprobó que el tubo de anestesia a través del cual respiraba estaba desconectado. Dijo; ¡Dios mío, está desconectado!”.

CONJURA DE LOS MÉDICOS

Para los magistrados del Tribunal Supremo, esta nueva declaración acredita que “los profesionales intervinientes” en la operación se pusieron de acuerdo para ofrecer una versión fraudulenta de los hechos con el objetivo de “impedir a los perjudicados aproximarse remotamente, en el proceso civil, a la realidad de lo ocurrido, generando una total oscuridad sobre ello”.

En virtud de esta resolución, el Tribunal Supremo rescinde las sentencias dictadas tanto en primera instancia como en la Audiencia Provincial de Madrid devolviendo las actuaciones para que las partes puedan hacer uso de su derecho y que el caso sea instruido y juzgado de nuevo.

El embargo de la vivienda familiar decretado por la Audiencia Provincial de Madrid dejó a la familia de Meño en la calle, por lo que los padres decidieron acampar junto a su hijo en la Plaza de Jacinto Benavente de Madrid para reclamar la revisión del caso.