Según informó el Ejecutivo, Hispasat es un operador de satélites que explota el satélite Hispasat1 y presta servicios de comunicaciones satelitales de uso militar y gubernamental a través de Hisdesat.

Respecto a las actividades relacionadas con la defensa nacional, se le otorgó la concesión del servicio de gestión del segmento espacial de la posición orbital geoestacionaria atribuida al Estado español, al objeto de facilitar al Ministerio de Defensa la capacidad que éste precise para el cumplimiento de sus fines.

El capital social de Hispasat asciende a los 122 millones de euros y sus accionistas son Hochtief, a través de su filial española Abertis, con el 89,68%; la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales con el 7,41% y el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial con el 2,91%.

Por su parte, Hisdesat es una sociedad que opera esencialmente servicios gubernamentales por satélite en las áreas de defensa, seguridad, inteligencia y asuntos exteriores.

JUNTA DE INVERSIONES EXTERIORES

El capital social de Hisdesat asciende a 108 millones de euros y sus principales accionistas son Hispasat (43%); Isdefe (30%), Airbus (15%), Indra (7%) y Sener (5%). Hispasat presta a Hisdesat servicios y soporte en los términos de un acuerdo entre ambas compañías.

Por su parte, Atlantia es la sociedad cabecera de una multinacional dedicada a la construcción y gestión de infraestructuras de transporte terrestre y aeroportuarias.

Mientras, Hochtief es un grupo de infraestructuras con una posición relevante en los mercados de construcción de infraestructuras y con experiencia en la gestión y servicios de operación y mantenimiento, así como amplia experiencia en colaboraciones público-privadas y en proyectos en fase de construcción.

El tipo de inversión que realiza Atlantia y Hochtief, en conjunto con ACS, a través de Abertis, es por el 89,68% del capital social de Hispasat y por la posición accionarial del 43% de la anterior en Hisdesat.

La Junta de Inversiones Exteriores ha informado favorablemente la operación y el Gobierno concede esta autorización de conformidad con lo dispuesto en normativa sobre inversiones exteriores.