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ONG recuerdan que la inmigración es competencia exclusiva del Estado, no de la Junta

MADRID

El presidente de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, Daniel Mendes, y la directora de Intervención Social de Red Acoge, Tania Vilkhova, destacaron este jueves que la gestión de los flujos migratorios es "una competencia exclusiva del Estado, sobre la que la Junta de Andalucía no tiene nada que decir".

En declaraciones a Servimedia, Mendes recalcó que es el Ministerio del Interior el responsable de la devolución de migrantes a sus Estados de origen o a terceros países, y que también se ocupa de combatir la inmigración ilegal.

Por eso, agregó, "no tiene sentido" que PP y Vox pacten reforzar la persecución de la inmigración ilegal, ni mucho menos la exigencia de Vox de expulsar a 52.000 inmigrantes ilegales.

Del mismo modo, es el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social el encargado de permitir una eventual llegada de población inmigrante de forma regular para cubrir ciertas demandas laborales.

Por todo ello, Vilkhova pidió a los responsables de Vox y del PP que "no mientan" sobre este tema. "Ni pueden devolver migrantes ni regular las entradas", recalcó. "Es curioso que aquello de lo que sí se pueden ocupar quieran en cambio devolvérselo al Estado".

En este sentido, Mendes aseguró que "lo que sí gestionan las comunidades autónomas son la educación y la sanidad", competencias que "curiosamente Vox quiere que el Gobierno central recupere para sí".

Depende también de las consejerías que se ocupan de las políticas sociales la integración de esta población inmigrante, la atención que reciben los menores no acompañados, etc. "Por eso es tan peligroso el pacto con Vox y la influencia que este pueda tener en el Gobierno entre PP y Ciudadanos", afirmó Mendes.

A su juicio, "todo lo que tiene que ver con integración está en riesgo", pues la Junta controla la educación y los servicios sociales y "puede dificultar la prestación de servicios sanitarios".

La ley nacional de sanidad universal obliga a prestar el servicio, pero su reglamento de desarrollo no ha sido aprobado y desde las comunidades autónomas sí se puede dificultar, agregó.

(SERVIMEDIA)
10 Ene 2019
AGQ/caa/

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