A las 10.00 horas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que estará acompañada por la subsecretaria de Estado de Hacienda, Pilar Paneque y las secretarias de Estado de Presupuestos, María José Gualda y de Hacienda, Inés Bardón, entregará en el Salón de los Pasos Perdidos, a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, el proyecto presupuestario que el pasado viernes aprobó el Consejo de Ministros. Un proyecto que prevé un aumento del 5,1% en el gasto público, hasta los 472.660 millones de euros, y del 9,2% en los ingresos, que alcanzarían los 154.675 millones una vez cedidos recursos a las administraciones territoriales.

De esta forma la tramitación de los Presupuestos echará a andar sin que el Gobierno tenga asegurada su aprobación, que podría ser clave para que el Ejecutivo socialista agote la legislatura y no adelante elecciones. Para sacar adelante las cuentas públicas, el objetivo del PSOE es reeditar la mayoría parlamentaria con la que Pedro Sánchez accedió en junio a La Moncloa en la moción de censura a Mariano Rajoy. Para ello, está pendiente de sumar el apoyo de PDECat y ERC al más probable voto favorable de Unidos Podemos, PNV, Compromís y Nueva Canarias.

INGRESOS

Por el lado de los ingresos, el proyecto aprobado prevé unos ingresos de 227.356 millones de euros por ingresos tributarios antes de cesión a entes territoriales, un 9,5% más sobre el avance de liquidación de las cuentas de 2018 y un 8,3% sobre lo presupuestado. Dentro de dicha cifra, 86.454 millones corresponderían al IRPF (un 4,9% más respecto al avance de liquidación de 2018), 27.579 millones por Sociedades (un 14,1% más), 78.307 millones por IVA (+11,7%), 23.057 millones por Impuestos Especiales (+11,8%) y 11.959 millones por otros ingresos tributarios (+16,4%).

La previsión es que, una vez se ceda parte de los ingresos tributarios a los entes territoriales, éstos sean de 128.930 millones de euros. Por su parte, los ingresos no tributarios serían de 25.745 millones (un 2,6% menos), por lo que el total de ingresos no financieros tras la cesión de recursos a entes territoriales sería de 154.675 millones de euros, un 9,2% más.

MEDIDAS TRIBUTARIAS

Sobre las medidas tributarias incluidas en el proyecto de PGE, Montero indicó el viernes que “buscan redistribuir la riqueza, protegiendo a las pymes y a las rentas bajas y medias”. La estimación es que su impacto será de 5.654 millones de euros, de los cuales 1.776 millones corresponderían al establecimiento de un tipo mínimo efectivo del 15%, mientras que la rebaja de este impuesto a las pymes, de un 25% a un 23%, implicará una reducción de 260 millones de euros en su tributación.

Además, la estimación es que el nuevo impuesto sobre las transacciones financieras recaude 850 millones de euros, mientras que el impuesto sobre determinados servicios digitales, también conocido como ‘Tasa Google’, aporte 1.200 millones.

En el IRPF, la subida de dos puntos impositivos a la tributación a las rentas superiores a 130.000 euros y de cuatro puntos a rentas superiores a 300.000 euros aportaría 328 millones, mientras que las medidas previstas de fiscalidad verde, como la equiparación del impuesto al diésel con el de la gasolina, recaudarían 670 millones. Respecto al cambio en el Impuesto de Patrimonio, por el que se incrementa la tributación a partir de los 10 millones de euros, arrojaría 339 millones a las arcas públicas.

Además, la rebaja en el IVA a los servicios veterinarios al 10% harán disminuir en 35 millones su recaudación, mientras que la rebaja aplicada a los productos de higiene femenina (al 4%) disminuirá la recaudación en 18 millones y la aplicada a los libros electrónicos (4%) lo hará en 24 millones.

GASTOS

Por la parte de los gastos, el proyecto aprobado este viernes presupuesta 472.660 millones, un 5,1% más respecto a los 449.785 millones del 2018. De dicha cantidad, 345.358 millones corresponderían a operaciones no financieras, mientras que 127.301 millones serían por operaciones financieras.

Asimismo, dentro del gasto, 209.510 millones de euros irán destinados a política social, lo que supone el 57,3% del total y un aumento del 6,4% respecto al Presupuesto de 2018, mientras que 20.962 millones irán a servicios públicos fundamentales (5,7% del total y 3,9% más respecto a 2018), 32.617 millones a actuaciones de carácter económico (8,9% del total y 9,9% más) y 102.431 millones a actuaciones de carácter general (28% del total y un 5% menos).

Por partidas, la de mayor volumen es la destinada a pensiones, con 153.864 millones de euros, el 42,1% del total y un 6,2% más respecto al Presupuesto de 2018, mientras que a desempleo se destinarán 18.402 millones, el 5% del total y un 4% más y a fomento del empleo 5.985 millones, el 1,6% del total y un 4,7% más. La partida destinada a financiar la deuda pública es otra de las de mayor tamaño, con 31.398 millones, un 8,6% del total y un 0,5% menos respecto a 2018. Las partidas destinadas a sanidad y educación sumarán 7.014 millones.

MEDIDAS YA VIGENTES

Entre las medidas anunciadas por el Gobierno hay algunas que, debido al retraso de los PGE y la entrada en 2019, ya han sido aprobadas y entrado en vigor, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 900 euros y los correspondientes cambios en las cotizaciones, así como la subida salarial para los funcionarios y la revalorización de las pensiones en un 1,6% (un 3% en las mínimas).

Por otra parte, el Ejecutivo también trabaja en los proyectos de ley para la creación de los impuestos de transacciones financieras y a los servicios digitales, que al ser nuevos requieren ser aprobados de forma separada a los PGE, así como las medidas de lucha contra el fraude, que serán aprobados en Consejo de Ministros en las próximas semanas.

TRAMITACIÓN

Una vez aprobados por el Consejo de Ministros y remitidos a la Cámara Baja, se dará el pistoletazo de salida para la tramitación parlamentaria de las cuentas públicas, que según el artículo 133 del Reglamento de la Cámara Baja goza de preferencia, y que suele desarrollarse en unos tres meses.

Tomando como referencia la tramitación de los PGE de 2018, ésta se inició el 3 de abril de 2018, con su llegada al Congreso, y finalizó el 28 de junio, con su aprobación definitiva en el Pleno de la Cámara Baja tras votar las enmiendas que habían sido incorporadas anteriormente en el Senado.

A falta de conocerse el calendario de tramitación, se espera que las comparecencias presupuestarias tengan lugar en la semana del 28 al 1 de febrero y que ya en febrero tenga lugar el primer momento clave de la tramitación, el debate de totalidad en el que se resolverá la incógnita de si PDECat y ERC facilitan o no la tramitación de las cuentas públicas.

De esta forma, en caso de conseguir los apoyos necesarios y superar el debate de totalidad y proseguir la tramitación en el Congreso y el Senado, los Presupuestos podrían quedar aprobados de forma definitiva en abril, cuando la Cámara Baja volvería a votar para levantar el veto con el que la mayoría absoluta del PP en el Senado rechazará las cuentas públicas.