Así lo recoge el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado presentado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados, en el que explica que esta es la segunda política de mayor volumen, tras las pensiones.

Del total de esta política se destinan 18.102 millones a las prestaciones por desempleo, 691 millones más que en 2018, como consecuencia de la evolución de los colectivos objeto de protección y de las nuevas medidas relativas a la mejora de los subsidios por desempleo y el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).

El resto de la dotación, 300 millones, se destina a gastos de funcionamiento, con un incremento de ocho millones, derivado “fundamentalmente” de la actualización de las retribuciones de los empleados públicos.

Para prestaciones contributivas, se cifra en 11.603 millones de euros, con los que se prevé dar cobertura a 751.691 beneficiarios. Mientras, en el nivel asistencial, se incluye el Subsidio Extraordinario por Desempleo (SED), la renta agraria, la Renta Activa de Inserción (RAI), el Prgrama de Activación para el Empleo (PAE) y la ayuda complementaria del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

En particular, para 2019 se mantienen 74 millones de euros para financiar la ayuda económica para jóvenes inscritos en la Garantía Juvenil que suscriban un contrato para la formación y el aprendizaje. Además, el Gobierno recuerda que se ha aprobado el Plan de Choque por el Empleo Joven para el periodo 2019-2021, con un importe de 670 millones para este año. No obstante, esta medida se suprimió a finales de 2018.

El texto de Presupuestos destaca que “se persigue garantizar una cobertura por desempleo adecuada, fortaleciendo el sistema de protección por desempleo, así como ampliar y mejorar la protección de los subsidios por desempleo, atendiendo especialmente a los colectivos más vulnerables, como son los parados de mayor edad”.

Entre las políticas que se financian nombra la recuperación del subsidio para parados mayores de 52 años, que con el PP se incrementó a los 55 años, considerando la renta individual en lugar de la familiar y aumentando la base de cotización; el impacto en la prestación contributiva del incremento del SMI, la reducción a 20 de las jornadas necesarias para acceder a la renta agraria para los trabajadores eventuales afectados por las lluvias torrenciales en Andalucía, la inclusión de la cobertura por desempleo en los contratos para formación y aprendizaje de los alumnos en prácticas y la eliminación del carácter temporal del SED y el compromiso del Gobierno de presentar un nuevo modelo en los cuatro primeros meses del año.