Sánchez hizo esta puntualización durante una larga jornada en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, adonde viajó a primera hora de la mañana para comparecer ante el Pleno comunitario y explicar su visión de futuro de la UE.

“El planteamiento de defender la segregación de una parte de España es perfectamente legítimo dentro de la Constitución. Lo que no es legítimo dentro de nuestra Constitución es quebrar la legalidad, que es lo que ocurrió en 2017 y eso es lo que se está viendo en el Tribunal Supremo, eso y nada más”, dijo al final en una rueda de prensa.

Al entrar a las diez de la mañana al Parlamento, encontró que en diferentes puntos del Hemiciclo más de una veintena de eurodiputados habían colocado carteles amarillos con las fotos de los políticos catalanes que están presos por el procedimiento judicial abierto contra ellos a raíz del referéndum ilegal celebrado en Cataluña el 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral de secesión en el Parlamento autonómico.

Sánchez hizo caso omiso en su discurso inicial y evitó hablar de Cataluña pero no tuvo más remedio que entrar en el debate después de que algunos portavoces, como el portavoz del Partido Popular Europeo, el alemán Manfred Webber, le reprochara que advierta a la UE de los peligros de partidos extremistas como Vox cuando él mismo llegó a la Presidencia del Gobierno en España gracias al voto favorable de partidos independentistas o de extrema izquierda.

EURODIPUTADOS CON “PRESOS POLÍTICOS”

Durante su comparecencia y debate con los eurodiputados, que se extendió tres horas, Sánchez escuchó cómo el español del PDECat Ramón Tremosa y otros cinco parlamentarios de diferentes países le recriminaban que en España haya “presos políticos” y dirigentes encarcelados “por defender sus ideas”.

Tremosa llegó al punto de afirmar que “España está más cerca de Turquía que de Gran Bretaña” en esta materia, dado que en el Reino Unido se permitió un referéndum de independencia para Escocia y recordó que celebrar una consulta ilegal en Cataluña “no es delito” desde que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo eliminó del Código Penal.

El francés del Grupo de los Verdes José Bové denunció la existencia en España de “políticos encarcelados por sus ideas políticas” y recriminó a Sánchez que defienda una solución para Cataluña a través del diálogo cuando “no se puede debatir con personas en la cárcel”.

El británico William Dartmouth insistió en que los catalanes procesados por el Tribunal Supremo “son presos políticos” y criticó que tanto la UE como el Parlamento Europeo “no hacen nada” para condenarlo o evitarlo mientras critica la situación en países terceros como Venezuela, lo cual juzgó de “hipocresía muy difícil de admitir”.

El belga del Grupo de los Conservadores Mark Demesmaeker dijo “no aceptar que haya presos provisionales durante más de un año” y negó la existencia de un acto de rebelión en Cataluña durante el desafío independentista de otoño de 2017, que acabó con Carles Puigdemont huido a Bélgica, donde lleva fugado de la Justicia española más de un año. En su opinión, en España “no hay nacionalismo peligroso, sino una forma peligrosa de neofranquismo” por el auge de Vox.

SÁNCHEZ EVITA EL DEBATE

El presidente del Gobierno español evitó confrontar con estos eurodiputados durante su comparecencia ante el Parlamento Europeo, donde ya preveía que sería recibido con críticas e incluso con algún tipo de parafernalia “amarilla” por parte de los independentistas y sus partidarios, según admitieron a Servimedia fuentes de La Moncloa.

De hecho, la cartelería utilizada para rendir homenaje a los políticos catalanes presos fue denunciada por el eurodiputado del PP Carlos Iturgáiz, que reprochó al Parlamento Europeo que permitiera colocar fotos “de presuntos delincuentes” que representan “la peor bazofia de toda la política europea”.

Pese a las acusaciones de “presos políticos” en España de eurodiputados de otros países, Sánchez no respondió a sus interlocutores ni desmintió en el Hemiciclo que esté sucediendo lo que proclaman con insistencia los políticos separatistas. Sólo al referirse a Venezuela en su última intervención, matizó que en ese país “sí hay presos políticos”, dando a entender de forma implícita que en España no es cierto.

Sánchez sí atacó, en cambio, al Partido Popular por utilizar este asunto contra el Gobierno cuando le toca hacer oposición a pesar de que el PSOE fue “leal” con el Ejecutivo de Mariano Rajoy cuando tuvo que hacer frente al desafío independentista e incluso aplicar el artículo 155 de la Constitución para destituir a Puigdemont y convocar elecciones autonómicas.

Su mensaje en clave catalana se limitó a repetir, como en otras ocasiones, que en esta región de España el independentismo “no tiene una mayoría social” y, por lo tanto, “no puede imponer un proyecto político a una mayoría social que le dice que no comparte esa deriva”.

Subrayó que en España el Tribunal Constitucional se ha manifestado al respecto en varias ocasiones pero las fuerzas independentistas desoyen esas sentencias e incluso han llegado a “quebrar el orden constitucional” como sucedió en otoño de 2017.

Por eso, reclamó al independentismo “abrir un diálogo sincero y reconocer a la otra parte” en Cataluña y desde el Gobierno de España se comprometió a “facilitar ese diálogo entre las dos dimensiones que existen en Cataluña, con la nacionalista y la no nacionalista”. “El problema en Cataluña no es la independencia, es la convivencia”, insistió, como en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados el pasado mes de diciembre.

DUDAS DE LA PRENSA INTERNACIONAL

Sánchez fue algo más explícito cuando, en la rueda de prensa que ofreció al término de su comparecencia junto al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, recibió la pregunta de una periodista extranjera sobre la existencia de “presos políticos” en España y las “dudas” que eso provoca sobre su sistema democrático.

El jefe del Ejecutivo precisó en ese momento que “un gobierno en un Estado de Derecho no dicta sentencias, lo que hace es encontrar soluciones políticas a crisis políticas” y recalcó que “las sentencias quien las dicta es el Poder Judicial”.

Ratificó que España es una democracia consolidada a partir del informe que ‘The Economist’ publicó la semana pasada y que situaba al país como “una de las cinco democracias plenas del mundo”. Acto seguido insistió en que “en Cataluña no hay una mayoría social a favor de la independencia” y que los separatistas deben asumir esa realidad antes de dar más pasos hacia adelante.

Sánchez negó que exista un problema de democracia en España cuando hay “reiteradas sentencias” del Tribunal Constitucional que los independentistas se niegan a acatar y señaló que quienes discrepan con el modelo de Estado no tienen un problema de representación o de libertad de expresión porque están presentes en los parlamentos, “presentan sus listas” a las elecciones y sus ideas “son votadas”.

“El planteamiento de defender la segregación de una parte de España es perfectamente legítimo dentro de la Constitución. Lo que no es legítimo dentro de nuestra Constitución es quebrar la legalidad, que es lo que ocurrió en 2017 y eso es lo que se está viendo en el Tribunal Supremo, eso y nada más”, remachó Sánchez antes de poner fin a la rueda de prensa.