Así lo manifestó la ONG a través de un comunicado en el que su directora general, Concha López, pidió a la comunidad internacional “mayores esfuerzos para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y acabar con la mutilación genital femenina para 2030”.

Plan International indica esta práctica es una “grave violación de derechos que acarrea traumas y provoca lesiones físicas de por vida”, entre los que cita desequilibrios durante la menstruación, hemorragias, infecciones del aparato urinario o dificultades durante el parto. En ocasiones, las complicaciones al dar a luz pueden provocar incluso la muerte de la mujer y el bebé.

La organización recordó a los tres millones de niñas y jóvenes que son mutiladas cada año en todo el mundo “pese a estar prohibido por ley o decreto constitucional en la mayoría de los países con mayor prevalencia”.

La Unión Africana aprobó en 2016 la prohibición de esta práctica en los 50 Estados miembro pero sigue siendo una tradición “muy arraigada”. Sierra Leona, uno de los países en los que la mutilación genital femenina todavía era legal, tiene uno de los índices más elevados del mundo, ya que afecta al 90% de las mujeres.

Plan International trabaja en los 29 países de África, Asia y Oriente Medio donde todavía se lleva a cabo y algunos de los países con tasas de mutilación más altos en los que se llevan a cabo programas contra ella son Guinea, con un índice del 97%; Egipto, con un 92%; Mali, con el 89%; Etiopía, con el 74%, y Guinea Bissau, que registra un 50% de casos entre las féminas.

El trabajo de la organización para acabar con la mutilación genital femenina se centra no solo en promover cambios legislativos, sino también en el diálogo intergeneracional y la sensibilización en las comunidades, herramientas fundamentales para que las víctimas y sus familias se conviertan en "agentes de cambio de normas sociales y culturales muy arraigadas".

Plan International busca así la implicación de niños, mujeres y hombres, profesores, personal sanitario y los líderes tradicionales y religiosos "para que entiendan las graves consecuencias negativas de la práctica y se conviertan en agentes activos de cambio", al tiempo que promueven "nuevos ritos de iniciación no perjudiciales para la salud y la vida de las niñas".