Así lo explicó este miércoles su responsable, Azucena Martí, en el transcurso de su comparecencia en el seno de la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Congreso de los Diputados en la que ha detallado las partidas destinadas a su departamento en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Tras reconocer un “repunte” en el consumo en la franja de edad de entre 35 y 45 años, agregó que el Ejecutivo se encuentra “elaborando” una estrategia “integral” para evitar que los jóvenes se inicien en este hábito y que prepara junto al Injuve, Salud Pública y Cartera de Servicios.

En este punto, agregó que se están “viendo por franjas de edad qué intervenciones serían más adecuadas” así como analizando las acciones que se realizan en otros países del entorno y que pueden resultar “eficaces”.

Martí explicó que los presupuestos presentados pretenden “reforzar” el papel del PNSD como “herramienta que coordina, impulsa e integra estas acciones y políticas en torno a las adicciones, siendo esta una materia de carácter transversal”.

En este sentido, puntualizó que en las políticas del Plan Nacional sobre Drogas, además de las políticas y recursos concretos en materia de salud, influyen otros recursos relacionados con educación, cultura, juventud, inclusión social y laboral, vivienda, medio ambiente, las fuerzas de seguridad, justicia, instituciones penitenciarias, publicidad y comunicación, políticas de protección a la infancia y a la tercera edad.

“Todo ello repercutirá en la eficacia y el alcance de las intervenciones realizadas en el ámbito de las adicciones, bien entre los jóvenes, uno de los sectores que resulta prioritario, o entre la población de adictos y adictos añosos con pluripatología debida a su historial de consumos y a su edad”, afirmó.

Martí recordó que el proyecto de presupuestos destina al Plan 14,8 millones a los que se sumará la cuantía obtenida a través del fondo de bienes decomisados, que, avanzó, “no será menor de 31 millones”. La cuantía total se destinará al desarrollo de la estrategia nacional sobre adicciones 2017-2024, que se concreta en el Plan sobre Adicciones 2018-2020. El enfoque es “preventivo y de salud pública” y se ejecutará de manera “integral y universal” y por primera vez ha ampliado su ámbito de actuación a las adicciones sin sustancia o comportamentales.

El Grupo Parlamentario Popular instó al Gobierno a que incorpore en su agenda la política contra la drogadicción de forma "significativa”, aunque sus cuentas "no dan para absolutamente nada en cuanto a la progresión que el Plan debería tener y son una muestra más que representativa de ciencia ficción”.

Por su parte, desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos afirmaron que este presupuesto “no cuela” y se preguntaron si España va a “seguir fracasando respecto al tabaco y al consumo de alcohol y de cannabis". A este respecto, Martí contestó que cualquier medida en este sentido “tiene que estar siempre basada en la evidencia de los estudios, de las sociedades científicas y de ensayos clínicos”. “Siempre que haya evidencia científica se le dotará de estatus de medicación, pero tiene que haberla”, apostilló.