Rollán hizo estas declaraciones en respuesta a una pregunta parlamentaria sobre las consecuencias de las medidas adoptadas en Colombia en relación con las sociedades participadas por la empresa. Unas medidas que, a su juicio, "han llevado a la agencia de calificación de crédito Moody’s, cumpliendo con sus procedimientos habituales, a poner en revisión la calificación otorgada a la empresa pública”.

Explicó que Canal de Isabel II está “defendiendo sus intereses patrimoniales y económicos ante las medidas adoptadas por las autoridades colombianas. Destacó que tal y como recoge el propio Canal en un hecho relevante enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado diciembre, que "la medida cautelar adoptada no compromete en modo alguno ni su solvencia ni la solidez de sus cuentas".

Dijo que la empresa pública siempre “ha mantenido una política de prudencia financiera, basando su gestión en un crecimiento sostenible que equilibra las inversiones realizadas y los fondos generados”. Además, añadió, “mantiene una sólida posición financiera y acceso al mercado de préstamos bancarios”.

Canal de Isabel II nació hace más de 165 años para abastecer de agua a la ciudad de Madrid.

Sus más de 2.500 empleados trabajan a diario para prestar servicio a más de seis millones de personas en la región.

Rollán indicó que ésta es una empresa "innovadora, líder en su sector y reconocida internacionalmente por su gestión del ciclo integral del agua". Opera 13 embalses, 78 captaciones de aguas subterráneas, 14 plantas de tratamiento de agua potable, 17.556 kilómetros de red de aducción y distribución, 131 estaciones de bombeo de agua potable y 133 de aguas residuales, 14.956 kilómetros de redes de alcantarillado, 65 tanques de tormenta, 877 kilómetros de colectores y emisarios, 157 estaciones depuradoras de aguas residuales, y 588 kilómetros de red de agua regenerada.