Se trata de la operación 'Taxideralia', que es el último golpe al tráfico ilegal de especies en España y se enmarca dentro del Plan de Acción Español de Lucha contra el Tráfico de Especies Silvestres (Plan Tifies, liderado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), de la Guardia Civil.

La operación 'Taxideralia' contra el tráfico ilegal de especies protegidas se ha desarrollado desde el mes de mayo de 2018 por parte de las Patrullas de Protección de la Naturaleza (Papronas) de Monóvar y Alicante, y ha culminado con la investigación de seis personas como presuntas autoras de varios delitos contra la fauna y la flora (tráfico y comercialización de especies protegidas).

La teniente María Pellicer y el capitán Esteban José de Diego dieron cuenta de los resultados de esta operación este martes en el transcurso de una jornada para periodistas sobre el tráfico ilegal de especies silvestres y el Plan Tifies, un instrumento pionero con el que España, puerta de entrada para este tipo de comercio ilegal, se coloca a la vanguardia de la lucha contra un problema ambiental de primer orden que contribuye a la defaunación a escala global.

Pellicer explicó a los periodistas en una jornada en Madrid que un taxidermista no autorizado facilitó a los agentes que pudieran encontrar una nave de una empresa alicantina dedicada al calzado. La instalación, de dos plantas, albergaba unas 200 especies, de ellas 60 consideradas en el Convenio Cites. Entre ellas hay algunas bajo máxima protección por estar amenazadas o en peligro de extinción, como el tigre, el rinoceronte y el elefante africano.

El vendedor llegó a ofrecer un leopardo disecado por 8.000 euros, con lo que De Diego precisó que el montante global de las especies en venta podría ser "muy alto".

La operación 'Taxideralia' comenzó cuando la Guardia Civil detectó en 2018 una proliferación de anuncios por internet por los que se vendían animales disecados de especies incluidas en el convenio Cites, cuya legislación prohíbe su venta.

AUMENTO DE ANUNCIOS

La mayoría de esos anuncios tenían en común un número de teléfono, registrado en la provincia de Alicante, por lo que agentes de las Patrullas del Seprona de Alicante y Monóvar (Alicante), iniciaron la investigación. Dada la gran cantidad de anuncios existentes, una de las principales hipótesis que barajaban los agentes era que podía tratarse de un taller de taxidermia. Sin embargo, el titular del teléfono era una empresa constructora que no estaba relacionada con el objeto de negocio.

Los investigadores contactaron con el anunciante interesándose por la compra de los animales y concertaron una cita que iba a tener lugar en una nave de un polígono industrial de Alicante, donde la empresa tenía su sede social. Una vez allí, los agentes identificaron al vendedor, que resultó ser también el propietario de la empresa de construcción, y observaron que en el interior de la nave había unas 60 piezas disecadas de especies procedentes de África y de España.

A raíz de la investigación de estas piezas, y su documentación, la Guardia Civil dirigió sus pesquisas hacia un posible taxidermista que, probablemente, habría podido realizar los embalsamamientos, y cuyo taller estaría situado en un chalde la localidad de Mutxamiel (Alicante).

Con estos datos, se establecieron vigilancias en la zona, a la espera de identificar a esta persona, ya que no había señales externas ni carteles comerciales, que indicaran el desarrollo de esa actividad. Mientras tanto, la investigación continuaba por internet, y en un rastreo por la red, los agentes hallaron una discreta página que ofrecía servicios de taxidermia en esa misma zona, que se anunciaba con más de 25 años de experiencia en la actividad.

Encontrado el autor de las taxidermias, el Seprona descubrió que la actividad se estaba realizando sin contar con ningún tipo de acreditación profesional ni licencia administrativa, y sin los medios técnicos y de gestión de residuos necesarios para procesar las partes orgánicas desechadas de los animales, que se vertían directamente a la red de alcantarillado, con el consiguiente riesgo para la salud pública.

El taxidermista tenía en su poder numerosas piezas disecadas, muchas de ellas protegidas por el convenio Cites, y partes de animales, y no pudo acreditar la procedencia legal de muchas de ellas.

Entre las especies incautadas se encuentran, entre otros muchos, ejemplares de león africano, rinoceronte blanco, tigre de bengala, hipopótamo, cocodrilo africano, antílope africano y jirafa.

UNA ACTIVIDAD CRIMINAL GRAVE

El tráfico de vida silvestre es una actividad criminal grave, que ocupa el cuarto lugar en la escala mundial, sólo por detrás del tráfico de drogas, las falsificaciones y el tráfico de seres humanos. Se ha convertido en una de las actividades ilícitas organizadas más lucrativas a nivel mundial.

Si bien su magnitud es difícil de cuantificar, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) e Interpol, calculan que el mercado negro asociado al tráfico de especies silvestres asciende a 90.000 millones de dólares al año.

Además, constituye una grave amenaza para la seguridad, la estabilidad política, la economía, los recursos naturales y el patrimonio cultural de muchos países y regiones.

Afecta tanto a especies de fauna como de flora, muchas de ellas amenazadas de extinción. Por citar sólo algunos de los ejemplos más dramáticos, cada año se trafican 1,5 millones de aves vivas y 440.000 toneladas de plantas medicinales y se matan más de 100 tigres, 1.000 rinocerontes, 30.000 elefantes y alrededor de 100.000 pangolines.

España, por su ubicación geográfica y su relevancia en el comercio europeo y mundial, puede jugar un papel muy importante en la lucha contra el tráfico de especies silvestres a nivel mundial. Por eso, en 2018 se aprobó el Plan de Acción Español contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres, convirtiéndose España en el primer país de la UE que adapta al

contexto nacional el Plan de Acción de la Unión Europea contra el tráfico ilegal de especies y el furtivismo.

Se trata de un compromiso acordado y firmado por hasta cinco ministerios (Interior; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Industria, Comercio y Turismo; Hacienda, y para la Transición Ecológica), más el Servicio de Medio Ambiente de la Fiscalía de General del Estado.