Rollán manifestó que el objetivo de esta iniciativa es que el mayor número posible de personas con la condición de víctima del terrorismo pueda resultar beneficiaria de las ayudas estipuladas por la Comunidad de Madrid.

Indicó que desde el Comisionado para las Víctimas del Terrorismo “se ha detectado en estos primeros meses de andadura, una vez facilitada toda la información a las diferentes asociaciones de víctimas del terrorismo, que aún existe un elevado número de víctimas que no se encuentran asociadas a ninguna de las entidades, careciendo por tanto de una completa y exhaustiva información, además de los derechos que les asisten”.

Además, señaló que a petición de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) se tomó en consideración su solicitud de aumentar el plazo para la solicitud de las ayudas y se sometió a su tramitación.

Informó de que la Ley de Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo aprobada el mes de octubre en la Asamblea de Madrid tiene como principal objetivo el reconocimiento de las víctimas, principal reivindicación demandada a lo largo del tiempo por todas las asociaciones de víctimas del terrorismo.

La citada ley, dotada de un carácter integral y retroactivo, se encamina a garantizar no solo una indemnización económica, sino otra serie de derechos de carácter social. Está dirigida a quienes, teniendo una vinculación con la Comunidad de Madrid, hayan sufrido una acción terrorista, así como a las entidades que representan y defienden sus intereses, con el fin de rendir homenaje y reconocimiento a las víctimas del terrorismo.

CINCO MILLONES AMPLIABLES A 15

Subrayó que el presupuesto aprobado en el presente ejercicio para la obtención de las ayudas económicas y medidas asistenciales asciende a cinco millones de euros, que podrán ampliarse hasta un máximo de 15 millones de euros.

Rollán declaró que algunas de las medidas de carácter económico que se contemplan en la ley son las relativas al derecho a la indemnización por fallecimiento y daños físicos o psíquicos para víctimas de atentados terroristas cometidos dentro y fuera de nuestras fronteras. Esta prestación será equivalente al 30 % de la ayuda concedida por la Administración General del Estado en el mismo supuesto.

Para acceder a esta ayuda se ha ampliado el supuesto previsto inicialmente en el proyecto, como era estar empadronado en la Comunidad de Madrid en el momento del atentado. Dijo que, en caso de ausencia de empadronamiento en el momento del atentado, si se acredita haberlo estado con anterioridad, por un tiempo equivalente a las dos terceras partes de su vida, la víctima tendrá derecho a la indemnización. Esta medida reclamada por las asociaciones de víctimas se añadió a la ley y atiende a una respuesta global de incorporar a las víctimas del terrorismo dentro y fuera de nuestras fronteras.

Según Rollan, la Comunidad de Madrid es un "referente y un modelo de solidaridad y justicia". Explicó que la norma incorpora otra serie de medidas asistenciales para las víctimas del terrorismo y las personas vinculadas a ellas, dentro del ámbito de actuación de la Comunidad de Madrid, integrando los ámbitos sanitario, social, educativo, empleo o de vivienda.

La citada norma contempla ayudas para la reparación de daños materiales en la vivienda habitual, con un límite de 45.000 euros por siniestro, así como para el alojamiento provisional mientras dure la reparación. También se recoge el cambio de vivienda en caso de siniestro total, con una cantidad que oscilará entre el 80 % y el 100 % del valor real de la vivienda afectada.

La Comunidad asegura además la asistencia sanitaria y psicológica gratuita de víctimas y personas vinculadas por parentesco, convivencia o dependencia, y garantiza la asistencia psicopedagógica gratuita a los alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria que, como consecuencia de una acción terrorista, sufran problemas de aprendizaje. La norma incluye además medidas específicas en materia de empleo, acceso a la vivienda pública, acceso a la cultura o al deporte.