Según la CNSE, la medida, que ha afectado a miles de telespectadores sordos usuarios de la lengua de signos en España, supone una vulneración del derecho de este colectivo a recibir información en esta lengua y en las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía, cuestión a la que se alude en la Ley 27/2007 por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y en la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual.

“Al negarnos el acceso a la información en lengua de signos española, la televisión pública nos están excluyendo de momentos importantes en la vida política de nuestro país”, ha manifestado Concha Díaz, presidenta de la CNSE, que ha afirmado que “las personas sordas queremos conocer la actualidad en el momento que se produce”.

La confederación lamenta que sean las propias personas sordas las que reiteradamente tengan que estar exigiendo el cumplimiento de imperativos legales que “a estas alturas deberían estar más que asumidos”. En este sentido, ha recordado a las televisiones que la accesibilidad debe dejar de ser “un asunto pendiente, siempre sujeto a la buena voluntad” y ha instado a la Administración al establecimiento de sanciones para evitar que se repitan “situaciones discriminatorias como ésta”.