La confirmación del adelanto electoral para el 28 de abril hará que la casi totalidad de las iniciativas que estaban en tramitación en el Congreso de los Diputados y en el Senado decaigan, por lo que en caso de volver a impulsarlas en la próxima legislatura tendrían que reiniciar su tramitación desde el principio.

Sin embargo, hasta la disolución de las cámaras parlamentarias aún quedaría tiempo para culminar algunos proyectos como la reforma de la ley hipotecaria, sobre la que la próxima semana está previsto que el Congreso apruebe las enmiendas introducidas por el Senado. Del mismo modo, fuentes del Ministerio de Economía señalaron a Servimedia que tratarán de finalizar la creación de la autoridad macroprudencial en el ámbito financiero antes del 5 de marzo.

MEDIDAS FISCALES

En el ámbito fiscal, fuentes del Ministerio de Hacienda señalaron a Servimedia que no hay intención de aprobar por decreto ninguna de las medidas que estaban contempladas en los Presupuestos. De esta forma el rechazo a los mismos y la convocatoria de elecciones supone la renuncia del Ejecutivo a intentar sacar adelante medidas como la creación de nuevos tramos impositivos en el IRPF (uno a partir de 130.000 euros anuales y otro a partir de 300.000), el establecimiento de un tipo efectivo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades (del 17% para las entidades financieras y las compañías de hidrocarburos), la rebaja del tipo nominal en el Impuesto de Sociedades a las pymes del actual 25% a un 23%, la rebaja del IVA de los productos de higiene femenina y de los libros electrónicos al 4% y de los servicios veterinarios al 10%.

Además, también quedan anuladas las pretensiones del Ejecutivo de aumentar la tributación del Impuesto de Patrimonio y de aumentar la tributación del diésel para equipararla a la de la gasolina. Asimismo, decaerá la tramitación en el Congreso de los Diputados de los proyectos de ley del impuesto a las transacciones financieras, así como el de determinados servicios digitales, conocido también como ‘tasa Google’, que al ser tributos de nueva creación necesitaban aprobarse de forma independiente al proyecto de Presupuestos.

También quedará anulado el proyecto de ley para la reforma de la Ley de Estabilidad que buscaba eliminar la capacidad de veto del Senado a las sendas de déficit y deuda. Esta iniciativa obtuvo en septiembre el apoyo de la mayoría de la Cámara Baja para su toma en consideración y el inicio de su tramitación, pero desde entonces PP y Ciudadanos la han mantenido bloqueada mediante la constante prórroga del periodo de presentación de enmiendas.

SECTOR FINANCIERO

En materia financiera el revés presupuestario siembra incertidumbre sobre gran parte de los proyectos anunciados, empezando por la reforma hipotecaria que se esperaba convalidar en el Congreso tras su reciente paso por el Senado. De embarrancar esta iniciativa conllevaría una sanción de 105.991,6 euros diarios por parte de Bruselas, ya que en su germen se encuentra una directiva que debía haber sido transpuesta el 21 de marzo del año 2016. Por ello, está previsto que el próximo jueves la Cámara Baja culmine esta ley con la aceptación de las enmiendas del Senado, con lo que se evitaría la sanción de Bruselas.

Por otro lado, también se anulará la intención por parte del Ministerio de Economía de sacar adelante proyectos como la autoridad de defensa del cliente financiero que deberá dirimir litigios en materia de consumo de productos y servicios bancarios, de seguros o con firmas de inversión. Lo mismo ocurrirá con la reforma de los reguladores, donde el Gobierno ya ha deslizado en su Agenda del Cambio su apuesta por un modelo 'twin peaks' para el supervisor de servicios financieros.

La idea supondría dividir en dos organismos la supervisión: uno para la solvencia y otro para la conducta de mercado, con independencia de que sean bancos, aseguradoras o firmas de bolsa; frente al esquema actual de organismo especializado: Banco de España, la CNMV y la Dirección General del Seguros y Planes de Pensiones.

TRABAJO Y PENSIONES

En materia laboral y de Seguridad Social, el rechazo a los Presupuestos dejó en el aire el préstamo de 15.164 millones de euros que concedería el Estado a la Seguridad Social para el equilibrio financiero de sus cuentas.

También queda en el aire la transferencia de 850 millones de euros a la Seguridad Social para asumir “parte” de su déficit, la recuperación del subsidio para parados mayores de 52 años o la deducción en el Impuesto de Sociedades para fomentar la incorporación de mujeres a los consejos de administración de las empresas.

Mientras, la subida de pensiones del 1,6% con carácter general y del 3% para las mínimas y no contributivas se mantendrán, al igual que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros, el sueldo de los funcionarios, el incremento de la base mínima para los autónomos, la subida de la base máxima de cotización o la penalización a los contratos de menor duración, al haberse aprobado por decreto el pasado mes de diciembre y convalidado en el Congreso de los Diputados, de forma independiente a los Presupuestos.

Por otro lado, el fin de la legislatura supondrá que desaparezcan comisiones como la del Pacto de Toledo, por lo que ésta tendría que finalizar su acuerdo de recomendaciones sobre el sistema de pensiones, que algunos portavoces veían próximo, antes del 5 de marzo.

De la misma manera, podrían quedar en funciones las mesas de diálogo social en las que se debate, por ejemplo, la derogación de los aspectos fundamentales de la reforma laboral. El Ejecutivo podría aprobarla por decreto, y de hecho, los sindicatos lo reclaman.

VIVIENDA

Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica tiene pendiente la aprobación del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética y del borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, que en principio Teresa Ribera pretende aprobar el 22 de febrero. Sin embargo, pese a su aprobación en el Consejo de Ministros de la próxima semana, esta iniciativa tampoco conseguirá ver la luz antes del 5 de marzo.

En el caso del departamento que dirige José Luis Ábalos, el fin precipitado de la legislatura dejará en el cajón las medidas urgentes contenidas en el decreto ley que tumbó el Congreso de los Diputados como la ampliación de la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler de tres a cinco años o la limitación de la fianza a un máximo de dos mensualidades.