Según datos oficiales citados por Acade en una nota, los centros de educación infantil 0-3 privados en toda España ascienden actualmente a 5.160, atienden a 216.362 alumnos y en ellos trabajan 27.493 profesionales de la enseñanza, con una significativa mayoría de mujeres.

“El modelo de financiación elegido por la administración provocará una importante pérdida de empleo en el sector, además altamente feminizado y joven, y al ser la red de centros privados más amplia que la pública, sin duda reducirá las opciones de conciliación de las familias españolas”, denunció la organización.

Aunque la asociación se ha mostrado partidaria de esas propuestas, manifiesta su disconformidad con el modelo de financiación elegido para ponerlo en práctica. “En ese sentido, aboga por fórmulas de financiación que hagan efectivo el derecho de las familias a elegir la educación que prefieran para sus hijos, reconocido en el artículo 27 de la Constitución”.

Lo anterior implica que, junto a la oferta de escuelas infantiles públicas o concertadas, “el modelo de financiación debería valorar el papel desempeñado por los centros privados de educación infantil de 0 a 3 años, facilitando a las familias la escolarización en los mismos mediante sistemas de financiación directa, como son el bono escolar o la desgravación fiscal”. “Un aumento sustancial de los mismos garantizaría de forma efectiva la libre elección de centro por parte de las familias y supondría, además, un importante ahorro para las administraciones y por tanto para los contribuyentes”, explicó la patronal.

El bono escolar, o la desgravación fiscal ya están vigentes en algunas comunidades autónomas, “con excelentes resultados, medidos tanto en satisfacción de las familias usuarias como en ahorro para las cuentas públicas”, recordó Acade.

Según calcula la organización, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, la deducción fiscal de 900 euros por alumno y año para las familias de rentas más bajas que lleven a sus hijos a centros privados, ahorra a la Comunidad una media de 3.008 euros anuales por alumno, “que es la diferencia a costear por la Administración si el mismo alumno fuera escolarizado en un centro concertado”.

En el caso del primer ciclo de educación infantil, y aparte de hacer efectivo el principio de libre elección, el modelo de financiación a las familias “contribuiría a la conciliación de la vida familiar y laboral, en un país que hoy por hoy tiene tasas de natalidad entre las más bajas del mundo”.