Los decretos-ley son firmados por el Consejo de Ministros y después pasan para su convalidación al Congreso de los Diputados, donde deben ser aprobados para convertirse en leyes. El problema con el que se encuentra el Ejecutivo es que el próximo 5 de marzo el Congreso quedará disuelto para cumplir con el plazo de 54 días antes de las elecciones que marca la normativa.

Por tanto, hasta que se constituya un nuevo Parlamento tras las elecciones del 28 de abril, la Diputación Permanente será la que vele por los poderes que ostenta el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo de Sánchez puede remitir decretos a la Diputación Permanente.

El Reglamento de la Cámara Baja reconoce en su artículo 57 que “corresponde a la Diputación Permanente velar por los poderes de la Cámara cuando ésta no esté reunida y, además, en los casos de disolución o expiración del mandato del Congreso de los Diputados, asumir todas las facultades que en relación con los Decretos-leyes atribuye al Congreso de los Diputados la Constitución”.

CALVO-SOTELO EL PRESIDENTO QUE MÁS USÓ ESTA VÍA

Entre los 35 decretos aprobados por la Diputación Permanente del Congreso desde que se instauró la democracia, 9 provinieron del Gobierno en funciones de Calvo-Sotelo en 1982. Fue el presidente que más uso esta vía si se tiene en cuenta que no volvió a ser elegido.

Sin embargo, en valores absolutos Felipe González llegó a superarle, con un total de 16 decretos aprobados por la Diputación Permanente, aunque al haber sido presidente de cuatro gobiernos en funciones, únicamente convalidó cuatro decretos a ley de media en cada una de las ocasiones.

Adolfo Suárez, por su parte, utilizó la Diputación Permanente para convertir 7 decretos en leyes cuando lideró un gobierno en funciones en 1979, antes de su reelección ese mismo año y posterior dimisión en 1981.

Los últimos presidentes del Gobierno, en cambio, redujeron la aprobación de decretos en los tiempos en los que el Congreso de los Diputados estaba disuelto. José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy únicamente aprobaron un decreto a través de la Diputación Permanente por cabeza.

LOS 35 DECRETOS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE

Entre los 35 decretos convalidados en ley por la Diputación Permanente hay normas y medidas de todo tipo, entre ellas varias relacionadas con urgencias por catástrofes naturales. Ocho de los 35 decretos, un 22,86%, iban destinados a solucionar los problemas o reparar los daños de catástrofes naturales, como sequías, inundaciones, la rotura de la presa de Tous en 1993 o el terremoto de Lorca de 2011.

Los otros 27 decretos son de temáticas muy dispares, e incluyen disposiciones para el acceso a préstamos o créditos por parte del Gobierno español y medidas relacionadas con prórrogas presupuestarias, con cuatro decretos para cada grupo. Entre los préstamos a los que accedió el Gobierno a través de un decreto convalidado por la Diputación Permanente se encuentra, por ejemplo, uno de 1982 de 125 millones de dólares de la época que el gobierno estadounidense concedió al gobierno en funciones de Calvo-Sotelo para “adquirir material para las Fuerzas Armadas españolas”.

Entre los decretos aprobados también se encuentran políticas culturales, como el pago en 1993 de algo más de 42 de millones de pesetas de la época para la financiación de la compra de parte de la colección de Thyssen-Bornemisza con la intención de que esta no saliera de España o la modernización y ampliación de 100 a 122 plazas de profesores de la Orquesta Nacional de España, decreto que se aprobó en 1982 por el gobierno en funciones de Leopoldo Calvo-Sotelo.

Además, también hubo decretos para crear organismos concretos, como el Fondo de Garantía de Depósitos en Cajas de Ahorro, creado en 1982 por el Gobierno en funciones de Felipe González, o el Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación, institución fundada en 1979 por el Ejecutivo provisional de Adolfo Suárez.

Otra de las aplicaciones que le dió a esta vía el Gobierno en funciones de Suárez en el 79 fue la derogación de leyes anteriores. El Ejecutivo centrista utilizó la Diputación Permanente para la derogación de un real decreto que prorogarraba una actuación de la Junta de Acuartelamiento del Ejército "por el tiempo indispensable para ello". Precisamente una de las intenciones que el Gobierno actual del PSOE ya ha hecho públicas es la derogación de la reforma laboral del PP, con la que pretenden acabar a través de un decreto-ley que podría ser convalidado por la Diputación Permanente antes de la constitución del nuevo Congreso de los Diputados tras las elecciones del 28 de abril.