El ministerio público, representado en esta sesión por los fiscales Fidel Cadena y Consuelo Madrigal, considera que ambos formaron parte de la cúpula que dirigió, promovió y participó activamente en la ejecución de una estrategia perfectamente planificada y organizada para fracturar el orden constitucional con el objetivo de lograr la independencia de Cataluña.

Según la acusación, el 30 de marzo de 2015 se formalizó la hoja de ruta de un proceso ilegal en el que Rull participó en representación de Convèrgencia Democrática de Catalunya (CDC). En ese acuerdo se fijó el carácter plebiscitario de las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015.

Además, según la Fiscalía, participó en numerosas reuniones durante 2015 y 2016 para discutir distintos aspectos del proceso de independencia y de la construcción de un Estado propio. El 21 de septiembre de 2017 “alardeó” de haber impedido el atraque a un buque para alojar miembros de la Policía que estaba fondeado en la bahía de Palamós y apostilló que “la presencia testosterónica de la Policía en el puerto está perjudicando las exportaciones”.

La Fiscalía le recordará que en una entrevista concedida el 27 de septiembre dijo que el despliegue policial para impedir el 1-O era “desproporcionado” y se reafirmó en que su objetivo político era la “república”. Igualmente, los fiscales le reprocharan sus reiterados llamamientos a votar, cuando era consciente de que podían producirse incidentes violentos.

A continuación pasará a declarar Dolors Bassa. Al igual que para Rull, la Fiscalía solicita para ella 16 años de prisión e igual período de inhabilitación. La Abogacía del Estado reduce su petición de condena a 11 años y medio de prisión por sedición y malversación, mientras que Vox solicita 74 años de cárcel por rebelión, organización criminal y malversación.

El ministerio público le atribuye llamamientos públicos al voto, y la responsabiliza de autorizar gastos para suministro de papeletas, censo electoral y citaciones a los miembros de las mesas por Unipost por importe de 950.000 euros que se dividieron con otras consejerías. Además, asumió la dirección de los centros escolares y cívicos usados como colegios electorales que dependían de su departamento y retiró a los funcionarios de Trabajo las competencia sobre los centros de votación, desarrollando también una base de voluntarios para la organización del 1-O.

El fiscal recordará sus reiteradas llamadas a la participación en el referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional y la responsabiliza de invitar a los trabajadores de la Generalitat a participar en la huelga del 3 de octubre, posterior al referéndum, dando instrucciones a los sindicatos para que informasen a sus afiliados de que todos los que estuviesen trabajando tuviesen tiempo para ejercer su derecho al voto el día del referéndum.