La fiscal Consuelo Madrigal hizo especial hincapié durante su interrogatorio en la tramitación y aprobación de las leyes de desconexión en el Parlamento catalán, los días 6 y 7 de septiembre, dentro de parámetros democráticos. Rull insistió en que la situación fue un "triángulo" en el que fue necesario "ponderar entre el imperio de la ley, el principio democrático y el principio de legalidad".

El ministerio público le reprochó que se violentara el derecho parlamentario a “cumplir con el trámite de enmiendas" y le preguntó sobre la legalidad y eficacia de una norma “que se aprobó sin firma del secretario del Parlament, sin dictamen del Consejo de Garantías y sin admitir enmiendas”.

Esa norma, y la ley del referéndum, aseguró el acusado, "se tramitaron de acuerdo con un artículo del Reglamento del Parlament que permite en términos radicalmente democráticos y de derecho parlamentario cumplir con el trámite de enmiendas". "Todos los instrumentos que se utilizaron siempre garantizaron la pluralidad política y democrática que constituye el Parlament de Cataluña", remachó.

Además, Josep Rull insistió en que "intentar vincular el derecho legítimo de un parlamento a legislar a una resolución es intentar plantear el derecho parlamentario en unos términos no homologables en una democracia al uso".

Rull evitó responder a la pregunta de por qué se remodeló el Gobierno de la Generalitat el 14 de julio del 2017, unos meses antes del referéndum, propiciando la salida de consellers que eran críticios con la celebración del referéndum. Se escudó en que la composición del Ejecutivo es una prerrogativa del president en la que él no podía tener participación alguna.

En otro momento de su declaración, Rull se volvió a mostrar orgulloso de su acción dentro del Gobierno de la Generalitat y aseguró que "la firma del decreto de convocatoria fue uno de los momentos más trascendentales de mi trayectoria política (...) Lo hice a consciencia de que estaba firmando un decreto de convocatoria en base a una ley acabada de publicar en el DOGC y plenamente vigente, emanada de un parlamento legítimo como el Parlament de Cataluña".

La fiscal Madrigal procedió a continuación a interrogar al exconsejero de Territorio sobre los gastos que podría haber desviado el Govern a la celebración del referéndum. Rull aseguró que la Generalitat “no invirtió ni un solo euro de dinero público en la organización del referéndum”.

Asimismo, negó que los gastos que supusieron los sobres o la impresión de las papeletas para la votación se repartieran entre cinco consejerías. “Ese gasto no se produjo", insistió, antes de asegurar que "a la hora de gastar un euro que procede de los impuestos de todos hay un nivel de control y garantías excepcionales. Un conseller `motu proprio´ no puede gastar 500 euros si no hay una trayectoria de control absolutamente férrea".

El encausado destacó lo que considera un "abuso" del Gobierno central en el control de las cuentas de la Generalitat, que suponía un "recorte objetivo" al autogobierno de Cataluña que se impuso “al amparo de las exigencias del déficit". "Se neutralizó el autogobierno de una autonomía. Esto no se puede hacer por decreto, como pasó", insistió Rull sobre los controles del Ejecutivo de Mariano Rajoy, según los cuales la Generalitat tuvo que justificar los gastos semanalmente.