Los resultados indican que los Estados sufragan el 51% del gasto sanitario, mientras que los particulares asumen el 35% de dicho coste. El resto depende de organizaciones benéficas, programas voluntarios o seguros de empresas. Esta carencia en la financiación pública es lo que empuja a 100 millones de personas a la pobreza cada año, al tener que afrontar la enfermedad propia o de un familiar.

Con todo, la OMS destaca que el gasto en salud está aumentando y supone ya el 10% del PIB mundial. Relata que crece más en los países de ingresos bajos y medios (en torno al 6%), que en los países ricos, donde sube en torno al 4%.

También se aprecia una mayor implicación de los gobiernos de países de ingresos bajos y medios en sus sistemas sanitarios y que en estos últimos se produce cierta retirada de la inversión externa. Según la OMS, esta participación pública es esencial para garantizar "la equidad de los sistemas sanitarios y evitar que las personas se arruinen por una enfermedad".

Además, la OMS sostiene que "el gasto público debe procurar antes que nada que toda la población tenga acceso a la Atención Primaria". De hecho, en los países de renta baja y media, más del 50% del gasto se destina a Atención Primaria (el 40% de este gasto es público). A medida que el gasto público crece, la ayuda externa (pública o privada) disminuye.

Aunque el informe refleja la transición de los países de renta media hacia un mayor peso de sus gobiernos en los sistemas sanitarios, también demuestra que la ayuda externa sigue siendo esencial para las naciones más pobres del planeta. "El acceso a la salud es un derecho humano, por lo que todos los países deben asegurar una Atención Primaria como primer paso para una cobertura universal", destaca la OMS.