El primero en declarar será el exconsejero de Empresa Santi Vila, quien dimitió el día antes de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Actualmente, al igual que los exconsejeros Mundó y Borrás, se encuentra en libertad provisional.

La Fiscalía solicita para él siete años de prisión, 16 años de inhabilitación y una multa de 30.000 euros por los delitos de malversación y desobediencia. La Abogacía del Estado también pide siete años de prisión por malversación y una multa de 300.000 euros por un delito continuado de desobediencia grave. Por su parte, Vox solicita 24 años de prisión por los delitos de malversación y organización criminal. El Ministerio Público entiende que Vila desatendió los requerimientos del Tribunal Constitucional (TC) y su departamento autorizó contratos necesarios para la celebración del referéndum y dispuso fondos públicos.

Posteriormente, llegará el turno de Jordi Sánchez, para quien la Fiscalía solicita 17 años de prisión y los mismos de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por su condición de jefe o promotor. La Abogacía del Estado, en cambio, pide ocho años de prisión por el delito de sedición y la acusación popular ejercida por Vox solicita 62 años de prisión, 50 por dos delitos de rebelión y 12 por organización criminal. A continuación, será el turno del líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, para quien se solicitan las mismas penas que para Sánchez.

El Ministerio Público atribuye a Sánchez y a Cuixart una participación “activa” en la ejecución de una estrategia “perfectamente planificada” para conseguir la independencia de Cataluña. Así, entiende que Sánchez participó en reuniones para discutir los aspectos relativos al proceso de independencia. La Fiscalía le recordará, entre otras cosas, que durante la Diada de 2015 expresó: “Hemos decidido que nos vamos. Y lo haremos tan rápido como podamos, con la legitimidad de la calle y el mandato de las urnas”.

Posteriormente, hizo un llamamiento, junto a Cuixart, a la unidad del soberanismo y animó a Forcadell a mostrar desobediencia si el TC la sancionaba por permitir la votación parlamentaria que abría la convocatoria del referéndum. Además, según la Fiscalía, durante una movilización en junio de 2017 el líder de ANC advirtió al Gobierno español que la única forma de impedir el 1-O era llevando a cabo “actos impropios”. En este sentido, Cuixart aseguró que las entidades independentistas serían garantes de que el 1-O fuese vinculante. Asimismo, la Fiscalía considera que ambos utilizaron su responsabilidad para movilizar a la ciudadanía tanto en la concentración del 20-S frente a la Consejeria de Economía y Hacienda como en la jornada del 1-O.

En último lugar, está prevista la declaración de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell para quien la Fiscalía solicita 17 años de prisión y los mismos de inhabilitación por el delito de rebelión agravada. La Abogacía del Estado, en cambio, pide 10 años de prisión por el delito de sedición y la acusación popular ejercida por Vox solicita 62 años de prisión, 50 por dos delitos de rebelión y 12 por organización criminal.

El Ministerio Público preguntará a Forcadell sobre la hoja de ruta del independentismo y sobre su participación como presidenta de la ANC (cargo que ocupó entre 2012 y 2015, cuando pasó a ocuparlo Jordi Sánchez) en el acuerdo que fijó que las elecciones del 27 de septiembre de 2015 tendrían carácter plebiscitario. Asimismo, la Fiscalía considera que, como presidenta del Parlament, Forcadell permitió la tramitación y aprobación de las leyes de desconexión, incumpliendo las sentencias del TC, y alentó a la ciudadanía a la participación en el referéndum.

El Tribunal ya indicó que este viernes no habrá sesión en ningún caso, por lo que si alguna de las declaraciones de los acusados no acaba durante esta jornada se aplazará hasta la próxima semana, momento en el que están llamados a declarar los primeros testigos, entre los que se encuentran Rajoy, Torrent y Mas.