El delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, celebró que el Ayuntamiento empiece a ofrecer de forma gratuita un “servicio público de atención a la ciudadanía de la máxima calidad en igualdad de condiciones para todos los usuarios”.

“Hasta ahora, cada persona asumía el pago a su operador del coste de la llamada al 010, pero hemos conseguido revertir esta situación y que el nuevo contrato de Servicios de Telecomunicaciones incluya la gratuidad del servicio”, subrayó Soto.

Así, desde este viernes el Consistorio madrileño se hará cargo del coste de todas las llamadas que haga la ciudadanía, cuyo desembolso anual se estima que será de entre 1,3 y 1,7 millones de euros con IVA incluido (el cálculo se ha estimado en base a llamadas realizadas en años anteriores y varía en función del número de llamadas). Asimismo, está previsto reforzar con 39 agentes el personal de la plataforma 010 este mes de marzo.

El servicio empezó a aumentar el número de puestos de atención en mayo de 2018, que de 130 pasará a tener 200. “El objetivo es aumentar la capacidad de atender servicios como la autorización de los permisos de acceso a la zona de Madrid Central o las gestiones relacionadas con Bicimad, entre muchos otros”, destacó el concejal.

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

El Pleno del Ayuntamiento aprobó este martes de forma definitiva la Ordenanza de Atención a la Ciudadanía y Administración Electrónica. Es la primera vez que existe una norma municipal que regula la realización de trámites administrativos y una prestación de servicios “abierta, eficiente e inclusiva”, indicó el Consistorio.

A partir de ahora “primará la prestación de servicios a través de la vía electrónica y la implantación del principio de cero papel”, por el que los usuarios no tengan que presentar ningún documento en poder de cualquier administración. La implantación de la administración electrónica supondrá un ahorro estimado de 130 millones de euros de aquí a 2021.

Para aquellas personas con dificultades para hacer trámites digitalmente, habrá personal municipal que informará y ayudará a presentar solicitudes. Incluso las personas podrán solicitar que una funcionaria o un funcionario habilitado presente la solicitud en su nombre.

Asimismo, la comunicación clara va a pasar a ser un derecho de la ciudadanía. Es decir, que se pueda comprender de forma fácil, directa, transparente, simple y eficaz lo que le dice la Administración.

Por otra parte, está previsto impulsar Línea Madrid como la marca que identifica la atención a la ciudadanía a través de los canales presencial, telefónico, Internet y redes sociales y se potenciará el sistema de sugerencias, reclamaciones y felicitaciones.

Tras la entrada en vigor de la ordenanza, está previsto que se apruebe el Plan de Administración Electrónica en un plazo máximo de tres meses. Supondrá la hoja de ruta que marque la implantación de esta nueva norma.