“Los accidentes nucleares son una realidad que afecta dura e injustamente a la sociedad, pero en España se está firmando un acuerdo con las eléctricas que mantendrá el riesgo de sus viejas nucleares hasta 15 años sin contar con la participación pública”, señala la responsable de la campaña de Nuclear, Raquel Montón en el contexto del octavo aniversario del accidente de Fukushima (Japón), que se cumple este 11 de marzo.

Sobre esa catástrofe, la organización ha publicado una nueva investigación que revela que el Gobierno japonés “está confundiendo deliberadamente a los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y a los expertos sobre la actual crisis nuclear en las áreas de Fukushima”.

El informe de Greenpeace ‘Japón, Trabajadores e infancia en Fukushima: en primera línea de la catástrofe’ revela altos niveles de radiación en las dos zonas de exclusión y en áreas abiertas, incluso después de los enormes esfuerzos de descontaminación. Además, según informó la organización ecologista en una nota, la investigación documenta cómo las medidas del Gobierno violan las convenciones y directrices internacionales de derechos humanos, en particular las relativas al personal de la planta y la infancia.

“En las áreas donde parte del personal de descontaminación está operando, los niveles de radiación se considerarían una emergencia si estuvieran dentro de una instalación nuclear. Los trabajadores casi no han recibido formación, están mal pagados, expuestos a altas radiaciones, y pueden perder su trabajo si que quejan”, añade Montón.