Así lo puso de manifiesto en el transcurso de la jornada sobre el ‘Presente y futuro de la sanidad penitenciaria’ en la que, entre otras cuestiones, denunció la “falta de relevo de profesionales sanitarios”.

La inauguración corrió a cargo de Julia del Amo, directora de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida, que destacó que se han iniciado conversaciones entre la Dirección General de Salud Pública e Instituciones Penitenciarias para renovar el convenio de colaboración entre ambas.

Por su parte, Andrés Marco, coordinador de Enfermedades Infecciosas del Instituto Catalán de Salud, reforzó la necesidad de esta colaboración dado que, a su juicio, “aquella salud pública que no tiene en cuenta a su población reclusa no es salud pública”.

Marco subrayó que la ley de cohesión de Sanidad de 2003 daba un plazo de 18 meses para transferir las competencias de sanidad penitenciaria desde el Ministerio de Interior a los Servicios Autonómicos de Salud y se preguntó “por qué no se cumple”.

En la misma línea, Javier Vilalta, representante de la Asociación Ámbit, criticó que en España “se vulneran los derechos humanos de las personas reclusas” y lamentó que la falta de recursos de salud mental en la sanidad pública “tiene como consecuencia” que muchas personas terminen en prisión.

José Antonio Martín, coordinador del grupo de trabajo de Salud Mental de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, explicó que para dar respuesta a la situación de privación de libertad de personas con enfermedad mental se creó el Programa Puente, pero denunció la falta de dotación presupuestaria para implementarlo.

La subdirectora general de coordinación de Sanidad Penitenciaria, Carmen Martinez Aznar, explicó el trabajo realizado desde su departamento para avanzar la negociación de las transferencias en 14 comunidades autónomas en el escaso tiempo que lleva en el cargo.

Además, destacó su labor para progresar en la compatibilidad de los sistemas informáticos y la telemedicina entre centros penitenciarios y los sistemas autonómicos de salud como primer paso para hacer posible este logro.

Carmen Hoyos, portavoz de Sanidad Penitenciaria de la Organización Médica Colegial (OMC), hizo hincapié en la situación “crítica” que vive actualmente la sanidad penitenciaria. “Un médico o farmacéutico cobra unos 1450 euros menos mensuales, los enfermeros de prisiones cobran 300 euros menos”, explicó Hoyos.

Para Cesida, la situación de vulneración de derechos es “más grave” en colectivos que sufren mayor estigma como son las personas trans y, a este respecto, Manuel Ródenas, coordinador del programa LGTBI de la Comunidad de Madrid, se refirió a los “numerosos casos” en los que una persona trans es asignada a un módulo que no se corresponde con su identidad de género, “a pesar de que existe una instrucción que lo regula”.