La campaña informativa, según manifiesta la asociación Plataforma Afectados por Aquavall, "consiste en dar a conocer la iniciativa para que los ciudadanos afectados por el cobro ilegal del recibo del agua durante la segunda mitad de 2017 puedan reclamar la devolución del pago realizado en este periodo".

"Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) en junio de 2018 ratificó que se trataba de un cobro ilegal, dando pie a la posibilidad de reclamar el importe pagado por los vallisoletanos de forma irregular por culpa de la mala gestión de la empresa municipal del agua", explicó esta plataforma en una nota, que, asimismo, informa de que se ha organizado para presentar las reclamaciones necesarias a través del bufete Abogados Eris, con un equipo especializado liderado por Fernando Collado.

La asociación ciudadana asegura que ha recibido la notificación del Centro de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Valladolid en la que se les comunica que no permiten la instalación de los anuncios en soportes que dependen específicamente del consistorio.

El Centro de Movilidad Urbana, dependiente del Área de Seguridad y Movilidad del consistorio, responsable de la explotación publicitaria de marquesinas, postes y otro mobiliario urbano de interés general que son propiedad del Ayuntamiento, ha denegado el permiso para hacer la campaña aduciendo al periodo electoral actual. En su comunicado, subraya esta plataforma, "firmado por el jefe del centro, Roberto Riol, con fecha 11 de marzo, atribuye la prohibición a la Asesoría Jurídica General del Ayuntamiento de Valladolid, que se ampara en algunas indicaciones de la Junta Electoral Central, considerando que “está incluida entre los actos de campaña electoral prohibidos. En el mismo documento, admiten que el Órgano competente aún no se ha pronunciado sobre esta campaña publicitaria en particular".

La Plataforma Afectados por Aquavall considera que "se trata de un abuso de poder por parte del Ayuntamiento, vulnerando la libertad ciudadana de expresión y de defensa de nuestros derechos".

Para el abogado que representa a la asociación, Fernando Collado, “los argumentos esgrimidos por el Centro de Movilidad Urbana son poco consistentes y llegan el mismo día que estaba previsto el inicio de la campaña informativa, demostrando un claro interés para acallar las reivindicaciones ciudadanas y amenazar con mayores perjuicios económicamente”.

Concluyó Collado que “el consistorio, al fin y al cabo, ha preferido poner en marcha su maquinaria legal a través de la propia Asesoría Jurídica General para ir en contra del interés de los vallisoletanos”.

La Plataforma Afectados por Aquavall empezó a fraguarse en el mes de junio de 2018 tras conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de lo Contencioso-Administrativo de Castilla y León, que anulaba la Ordenanza fiscal reguladora del ciclo integral del agua que factura Aquavall, que venía aplicando desde el 1 de julio de 2017 tras la remunicipalización del servicio de aguas por el Ayuntamiento.

"Con esta sentencia los abonados vallisoletanos tienen derecho a la devolución de las cantidades indebidamente cobradas conforme a esta Ordenanza de 2017 anulada por el TSJCyL", sostiene la plataforma.