Así lo propuso la presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, durante su intervención en la jornada ‘El futuro de las pensiones. Un reto latente para la empresa’ organizado por APD, VidaCaixa y Mercer.

González de Frutos negó que el sistema privado de pensiones afecte a la suficiencia y estabilidad del sistema público y comentó que los principales problemas que afectan a la parte pública son el impacto de la demografía, el nivel de productividad “muy bajo” en España y la “enorme volatilidad” del mercado de trabajo.

A su juicio, hay que “acomodar” la esperanza de vida, cada vez mayor, a la duración de la etapa laboral, con lo que la edad de jubilación “tiene que seguir una pauta equivalente” al crecimiento de la esperanza de vida.

La presidenta de Unespa se refirió a los argumentos del Gobierno de que “solamente podemos hacer aquello que sea socialmente sostenible” para decir que “la sostenibilidad social requiere también sostenibilidad económica, pero nos lo tienen que contar”.

También criticó que los “salvadores del Sistema” apuesten por no reformular nada del sistema público de pensiones y consideró que eso supone “condenarlo a que poco a poco vaya perdiendo trascendencia”.

Urgió a afrontar transformaciones lo antes posible pero sin hacer recaer los efectos de la reforma fundamentalmente sobre "algunas generaciones". Advirtió de que cuando el volumen de mayores de 50 años sea equivalente al volumen con entre 18 y 50 años, ya no se podrá abordar una reforma “en serio” del sistema público.

Por su parte, el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, manifestó que “merece la pena incrementar” el desarrollo de la previsión social complementaria, puesto que actualmente, solo alcanza a 2,5 millones de empleados de un total de 19 millones de ocupados. Pero agregó que se debe compatibilizar con preservar y reforzar el sistema público de pensiones.

Según Brevo, “la solución no es retrasar la edad de jubilación, la solución es que la gente que está cobrando subsidio se mantenga trabajando y tenga mayor contribución, y sin embargo, nos pasamos la vida facilitando la salida de los mayores de 50 años”.

También citó la inmigración como un factor que “nos guste o no nos guste” ayuda a equilibrar la pirámide poblacional, junto con políticas de apoyo a la familia, de mejora de la calidad en el empleo y de redistribución de la renta.

En cualquier caso, Bravo incidió en que se debe dar un “trato comparable a las distintas generaciones”, se deben mejorar los ingresos, contener gastos y reforzar la contributividad del Sistema.

Desde la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva (Inverco), su presidente, Ángel Martínez-Aldama, consideró que al no haber acuerdo en el Pacto de Toledo “hemos perdido una bala más que teníamos en la recámara y cada vez nos van quedando menos balas para establecer un plan de acción donde definamos para el 2030 y el 2040 cuál es el sistema de pensiones que queremos”.

PAPEL DE EUROPA

En el acto también participó el exministro de Trabajo y actualmente ‘of counsel’ de Baker & Mckenzie, Manuel Pimentel, quien planteó que Europa tenga un papel en el futuro de las pensiones en España marcando unas directrices para que la reforma no dependa solamente del Gobierno. “El tener una tercera referencia sería una cosa inteligente, sería protegernos a nosotros mismos”, argumentó Pimental.

Abogó por que empresarios y sindicatos tengan participación en ello, aunque lamentó que ha bajado el contrapeso que ejercen las dos partes en la negociación colectiva mientras ha subido el factor político. “Hace falta una CEOE muy fuerte, como creo que hace falta sindicatos fuertes”, señaló.

Asimismo, Pimentel consideró que “tenemos un impuesto sobre el empleo especialmente alto, y lo que hemos hecho es seguir incrementándolo”, en referencia a las cotizaciones que pagan los empresarios y el nivel de paro en España. A su juicio, el Sistema “ganaría muchísimo si tuviéramos empresas más rentables” y “sectores más productivos”. En cualquier caso, aclaró que la pensión pública irá disminuyendo progresivamente.

Se refirió a algunas de las medidas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez como el registro de jornada y señaló que “se hace para recaudar” y criticó que el planteamiento inicial de esta medida era “terrorífico”.